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Tardan órdenes de captura contra presuntos asesinos de Fátima
La vivienda donde los imputados supuestamente tuvieron a la pequeña continúa asegurada. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Giovana “N” y Mario Alberto “N”, presuntos responsables de raptar y asesinar a Fátima, están detenidos en el centro de Justicia adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Atizapán de Zaragoza por cohecho, al intentar sobornar con 10 mil pesos a policías municipales a cambio de que los dejaran ir.

A pesar de que la Fiscalía General de Justicia capitalina pidió las órdenes de aprehensión por la muerte de la menor de siete años y así poder trasladarlos a la CDMX, hasta el cierre de esta edición, los recursos aún no habían sido girados.

La institución cuenta con un plazo de 48 horas antes de que la situación jurídica de la supuesta pareja feminicida sea definida. Al ser un delito no grave el que se les imputa ambos podrían quedar en libertad, pues éste no prevé la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Por ello, los mandatos judiciales deben ser emitidos antes de que se determine su situación legal en la entidad mexiquense. Sin embargo, hasta las 21:00 horas de ayer aún no eran concedidas las órdenes en su contra, a pesar de que ya habían pasado más de dos días de que el vocero de la FGJ local, Ulises Lara, anunciara que ya las habían solicitado, luego de identificar a Giovana “N“ y Mario Alberto “N“ como los responsables del feminicidio.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, explicó que después de que se expida la orden de aprehensión por parte del Poder Judicial de la CDMX y sea cumplimentada por elementos de la Fiscalía, los detenidos serán trasladados a la capital para seguir su procedimiento penal.

Dijo, que la impuatada era conocida de la familia de la víctima y que por medio de una denuncia ciudadana se ubicó el domicilio de los implicados en Xochimilco y luego se supo que éstos se escondían en la comunidad de La Palma, en el municipio Isidro Fabela, en el Edomex, donde fueron aprehendidos el miércoles pasado.

Por su parte, la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, descartó que el móvil del crimen haya sido el dinero, aunque no dio más detalles del mismo. Sin embargo, fuentes judiciales, aseguraron que cada uno de los imputados ofrecieron 10 mil pesos para que los dejaran ir.

  • El dato: Según datos de la FGJ capitalina, tras cometer el crimen Mario Alberto “N” y Giovana “N” se deshicieron de sus celulares, con el propósito de no ser localizados por las autoridades.

Un avance en las indagatorias realizadas por las autoridades es que, aunque Mario Alberto “N“ no tiene antecedentes penales, su pasado criminal, reveló que trabajaba un mototaxi perteneciente al “Sindicato Libertad”, cuya agrupación está ligada al Cártel de Tláhuac.

Los mototaxistas servían como “halcones” al extinto fundador y líder del grupo criminal Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en 2017, en la colonia Conchita, en la alcaldía Tláhuac.

SFP investiga posibles  fallas de funcionarios

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una indagatoria administrativa acerca del caso de la menor de siete años asesinada en Xochimilco, con el fin de deslindar responsabilidades respecto a posibles fallas u omisiones por parte de servidores públicos de Educación Pública.

Lo anterior fue confirmado por Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, tras señalar que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México dará seguimiento al caso de la niña. “Desde la Función Pública vamos a realizar una investigación exhaustiva para sancionar a los servidores públicos federales que, saltándose los protocolos, permitieron que la menor Fátima se encontrara en una situación de vulnerabilidad”, advirtió.

Por su parte, Daniel García Cortés, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, informó que las sanciones serán acorde a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que van desde una amonestación a la inhabilitación del cargo.

Con información de Iván Mejía y Sergio Ramírez

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