Trump mata el DACA y el futuro próximo de 800 mil dreamers

Antes de anunciarse, la derogación de la ley Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ya había generado controversia y vaticinaba una guerra civil en el Partido Republicano. Por ello el presidente Donald Trump ordenó que fuese ayer el fiscal general del Estado, Jeff Sessions, el que anunciase el fin en seis meses del programa que protege a los indocumentados jóvenes de ser deportados de Estados Unidos.

El DACA fue un “parche” del presidente Barack Obama después del fracaso de la ley de reforma migratoria con la que intentó sacar de las sombras a los más de once millones de indocumentados que viven en el país. De esta forma Obama decidía proteger a los conocidos como dreamers, todas aquellas personas que llegaron a Estados Unidos de niños y en algunos casos no saben que son irregulares.

El dato:

EU perderá 60 mil millones de dólares de ingresos por pago de impuestos al gobierno federal, tras la deportación de los soñadores, prevé el analista Ike Brannon.

Con este programa el expresidente estadounidense buscó proteger a 800 mil indocumentados de ser deportados de Estados Unidos, de los cuales 618 mil 342 son de origen mexicano.

Junto con esta ley el expresidente demócrata también aprobó en 2012 el DAPA, que protege a los padres en situación ilegal de niños que ya han adquirido la nacionalidad por haber nacido en suelo estadounidense.

Para dar a conocer su decisión, Trump emitió un comunicado por escrito a través de la Casa Blanca en el que echó la culpa a Obama por aprobar esta ley por decreto presidencial. “No estoy en favor de castigar a los niños, la mayoría de ellos ahora adultos, por las acciones de sus padres”, reconoció el presidente en una declaración distribuida a los medios de comunicación después del anuncio oficial de Sessions.

“Tenemos también que reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes”, quiso matizar Trump para justificar su determinación de poner fin a un plan del que se benefician a un millón de personas.

“Sólo con la aplicación de la ley migratoria en la que se pueda confiar, se pueden crear comunidades seguras, una clase media robusta y justicia económica para todos los estadounidenses”, apuntó el mandatario, que acusó a su antecesor de excederse en su poder ejecutivo con el decreto presidencial.

“Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, tenemos que preguntarnos qué es justo para las familias de los estadounidenses, estudiantes, contribuyentes y personas que buscan trabajo”, advirtió Trump.

En un intento de controlar los efectos de la derogación del DACA, Trump concedió un plazo de seis meses con la intención de que el Congreso presente una reforma para sacar a estos indocumentados del limbo en el que viven en Estados Unidos. Por ello, antes de emitir el comunicado oficial, el inquilino de la Casa Blanca escribió en su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana: “¡Congreso, prepárese para hacer su trabajo –DACA!”.

Antes de anunciarse la decisión presidencial de ayer, los diferentes miembros del Congreso empezaron a dar cuenta de la batalla que les espera. La cuestión migratoria siempre divide al Partido Republicano, debido a las posturas encontradas de sus votantes dependiendo de los estados en los que viven e incluso de los distritos dentro de los mismos. Mientras, Trump, a pesar de su línea dura ante la cuestión migratoria en términos generales, siempre mostró cierta deferencia hacia estos inmigrantes que en muchas ocasiones no tienen recuerdos de los países en los que nacieron.

Ileana Ros, congresista republicana de Florida de origen cubano, fue quien ayer abrió las hostilidades en la formación conservadora al criticar al presidente en Twitter: “Después de tomar el pelo a los #Dreamers (soñadores) durante meses con su conversación de su ‘gran corazón’, @POTUS [acrónimo del presidente de Estados Unidos] les da un portazo. Vaya ‘corazón’...”.

Sin embargo, en realidad, las críticas recaerán sobre los congresistas republicanos porque este debate pondrá de manifiesto las divisiones de la formación, como ya ocurrió con la reforma sanitaria para sustituir el Obamacare. Se empieza a escuchar por los pasillos del Capitolio que esta reforma supondrá un “suicidio” para los políticos del Congreso a un año de las elecciones de medio término.

En este sentido, hace unos días, en privado, el portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, junto con una docena de legisladores, pidió a Trump que esperase unos meses para dar a los congresistas tiempo suficiente para redactar una ley que tuviese el respaldo al menos del Partido Republicano en pleno.

De momento, los senadores Lindsay Graham y Dick Durbin presentaron un plan que otorgaría estatus legal permanente a un millón de jóvenes que hubiesen llegado a Estados Unidos antes de cumplir 18 años. Además, estos inmigrantes deberían cumplir ciertos requisitos, como estar matriculados en un centro universitario, unirse al Ejército, tener trabajo o pasar los controles de seguridad del FBI y otras agencias de seguridad.

Desde la oposición demócrata, la senadora Catherine Cortez Masto aseguró que la “lucha no se ha acabado” y urgió a los republicanos en la Cámara alta a que “consideren y aprueben el Dream Act. El objetivo de los latinos es que se dé luz verde a una nueva versión de la ley que ya fue presentada en el Congreso y que permitiría a los jóvenes indocumentados obtener la residencia.

Afectados iniciaron su ayuno en protesta

Estudiantes latinos que radican en Florida, Nebraska, Alabama, Connecticut, Massachusetts y Virginia, entre otros estados, que fueron afectados por la cancelación de DACA, iniciaron ayer una huelga de hambre a las afueras del Congreso, en Nueva York, para exigir a los legisladores demócratas y republicanos que se pongan a trabajar en una iniciativa que evite la deportación de los dreamers.

Jeanette Vizguerra, presidenta del organismo civil Metro Denver Sanctuary Coalition, señaló a La Razón que no levantarán la huelga de hambre hasta que los congresistas presenten una alternativa.

“Son 800 mil jóvenes los que están siendo perjudicados con esta decisión del gobierno de Donald Trump, de ellos 620 mil son mexicanos. No se les puede cancelar así como así su futuro, por lo que estamos dispuestos a llevar esta huelga de hambre hasta donde tope”, expresó la activista.

Vizguerra, quien buscó refugio durante casi tres meses en la Primera Iglesia Unitaria de Denver para evitar ser deportada, indicó que el ayuno se realizará diariamente a partir de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche.

Expuso que a esta huelga de hambre se integraron inicialmente 40 estudiantes. Sin embargo, espera que en el transcurso de estos días se unan más jóvenes en esta causa.

María Cabadas