Ven violación al debido proceso si revelan videos

Mostrar el video que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) como prueba contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntos sobornos en el caso Odebrecht, no sólo violaría el debido proceso, sino también significaría una afrenta al estado de Derecho, afirmaron abogado en entrevista con La Razón.

“Publicitar este video cuando hay reglas claras de presunción de inocencia y del debido proceso, sería una afrenta al estado de Derecho, me parece que utilizarlo solo le daría un contexto más político para hacer un linchamiento mediático”, opinó José Mario de la Garza, expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Precisó que sólo le corresponde a un juez decidir sobre la valía de un video.

“Normalmente estos videos dejan huecos jurídicos porque no hay certeza de las fechas, de si están alterados, cortados, entonces por lo general los videos son fáciles de refutar por la defensa, por eso es que dicen que un video no tiene tanta relevancia, pero lo mejor es que surta el efecto del proceso y que en su momento digan si vale o no vale, no le corresponde ni al presidente ni a la fiscalía determinar si el video vale o no vale, sino a un juez”.

El abogado penalista Marco Antonio del Toro también opinó sobre la pertinencia de hacer público el video de un proceso en curso, aunque dejó claro que su opinión es totalmente ajena al caso Lozoya.

“Sobre el caso en específico no podría opinar porque no conozco el expediente, pero en término generales, en un caso hipotético, un video sí tiene valor de indicio y sí podría tener valor probatorio, siempre y cuando vaya robustecido con pruebas periciales que acrediten su legitimidad y que no está alterado”, agregó.

Otro abogado que pidió reservar su identidad, pero cercano al caso Lozoya, dijo que es muy difícil que el video en cuestión tenga un valor legal de peso, pero advirtió que hacerlo público quebrantaría el papel del Poder Judicial.