Autoriza Corte a Donald Trump política contra migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración del presidente Donald Trump comenzara a implementar nuevas reglas con las que negará con mayor facilidad la residencia o admisión de inmigrantes al país, para evitar que éstos hagan uso de la asistencia pública.

El tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta por un juez de Nueva York; es decir, que la administración puede comenzar a aplicar los nuevos estándares, que según la oposición será una carga para los inmigrantes pobres.

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De acuerdo con la nueva política, los inmigrantes legales en Washington, beneficiarios de servicios de asistencia pública; como Medicaid, cupones de alimentos o ayuda para la vivienda, o se considera que algún día dependerán de los beneficios públicos, estarán en la mira de las nuevas leyes del magnate.

Mientras que hubo cuatro jueces en la Corte que no estuvieron de acuerdo con las reglas en contra de migrantes, las nuevas disposiciones establecen criterios para determinar a quién autoriza el gobierno de EU para recibir el apoyo, por lo que no es viable para quienes aún poseen las llamadas green card, el documento de residencia legal.

De acuerdo con la Casa Blanca, las nuevas normas facilitan factores “positivos” y “negativos” para que funcionarios de Inmigración evalúen las solicitudes de green card; es decir, descartarán a los migrantes que estén desempleados, dejaron sus estudios o no hablan inglés con fluidez.

Quienes no estuvieron a favor argumentan que “castigar a los inmigrantes legales que necesitan ayuda financiera pone en peligro la salud y la seguridad de las familias extranjeras que llegan a Estados Unidos”, incluidos hijos de extranjeros que sí son ciudadanos estadounidenses; además, quitará millones de dólares en atención médica de emergencia y otros costos a gobiernos locales y estatales.

Los funcionarios federales dicen que la política Trump garantiza que los inmigrantes puedan cubrir sus propios gastos en EU, sin sobrecargar a los contribuyentes por alimentos, vivienda y otros costos.

Pero, los funcionarios estadounidenses señalan que el cambio no es retroactivo y exime a los refugiados y asilados que están ahí por la seguridad que hay en el país.

Lo único que se interpuso en el camino de la implementación de las referidas regulaciones fue la orden judicial a nivel nacional, impuesta por el juez federal de distrito George Daniels.

Daniels se puso del lado de los retadores que dijeron que los cambios retroceden 130 años en el cómo se interpreta la definición de “carga pública”. En general, se usó para cubrir a un individuo “que es probable que dependa primaria y permanentemente del gobierno”.

El juez federal también dijo que el cambio propuesto sería “repugnante para el sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente”.

Hubo otros jueces que se opusieron igual que Daniels, pero dos cortes de apelaciones, la novena y la cuarta, las revocaron. El procurador general, Noel Francisco, señaló en su escrito a la Corte Suprema que su instancia “sostenía que la regla” fácilmente “calificaba como una interpretación permisible de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

Los detractores, liderados por el estado de Nueva York en este caso, dijeron que la nueva regla “es una clara desviación de un consenso de más de un siglo”, y el statu quo debería permanecer hasta que se decidan los desafíos legales.

Al permitir las nuevas reglas, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo en un informe al tribunal, que la decisión traería “confusión e incertidumbre a la inmigración y disuadiría a millones de personas ilegales, que residen en las jurisdicciones de los demandantes, de acceder a beneficios públicos que legalmente tienen derecho a obtener”.

El dato: Las personas que dejan su país por una mejor vida representan una pequeña parte de quienes reciben asistencia pública, ya que muchos son inelegibles para recibirlos por su estatus.