Con base en ley contra el terror, Ortega arresta a sus adversarios

Sobre una de las calles principales de Managua, los médicos Blanca Cajina e Irving Escobar fueron colocados bocabajo en el pavimento. Eran las 10 de la mañana y algunos conductores que circulaban por la carretera a Masaya tomaron fotografías y videos donde se ve a policías golpeándolos.

En la última semana el gobierno de Daniel Ortega desató una cacería para arrestar a ciudadanos que participaron o apoyaron las protestas contra el Ejecutivo, que iniciaron en abril. “Es una cacería contra todas las personas que no están de acuerdo con el gobierno”, indica Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Los médicos que fueron arrestados era un matrimonio que brindaba asistencia médica a los heridos en las protestas. “En ese momento supieron de algún herido y se dirigían a atenderlo”, explica a La Razón Blanca Urbina, madre de Cajina, en las afueras de la Delegación de Auxilio Judicial, donde decenas de personas esperan noticias de sus familiares detenidos.

“La paz hay que estarla defendiendo todos los días hay que estarla conquistando todos los días para que no se repitan situaciones como ésta”

Daniel Ortega

Presidente nicaragüense

En los hospitales públicos no atienden a los civiles heridos por la policía, como orden de la orteguista ministra de Salud, Sonia Castro, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que algunos médicos, como Cajina y Escobar, decidieron atender a los heridos por su propia cuenta. El 18 de julio fueron presentados como parte de “un grupo de terroristas”.

Además de los médicos, también fue capturado el líder campesino Medardo Mairena —representante en el diálogo nacional que convocó el gobierno—, quien fue acusado de perpetrar una matanza de cuatro policías en Morrito, al sur del país. Otro de los detenidos fue Héctor Arellano, trabajador de la empresa cervecera más grande de Nicaragua, acusado de “financiador de terrorismo”.

El Dato: El último caso de detención fue el de Irlanda Jerez, quien está al frente del centro de compras más grande de Centroamérica.

En ciudades como Masaya, Chontales y Diriamba, donde se lanzaron brutales ataques para desarticular a los rebeldes, cientos de personas huyen porque temen arrestos o ejecuciones extrajudiciales. En las ciudades donde antes había barricadas, custodiadas por civiles armados con bombas artesanales y hondas, hoy se puede ver a parapolicías con fusiles de guerra que persiguen a los pobladores.

La ley para cometer estos arrestos masivos la desveló el Ejecutivo el 16 de julio, cuando la Asamblea Nacional, que controla Ortega a placer, aprobó una nueva ley “contra el lavado, el financiamiento a las armas de destrucción masiva, en la que establece el delito de terrorismo”.

¿En qué consiste la ley contra el terrorismo?

El instrumento legal criminaliza las protestas, según la ONU.

Las nuevas legislaciones fueron propuestas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al Legislativo, el pasado 4 de abril, y aprobadas el lunes en sesión extraordinaria con 70 votos en favor.

El artículo 394 señala que aquella persona que cause muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, o destruyan o dañen los bienes públicos o privados, serán castigados con penas de entre 15 y 20 años de prisión.

Todo aquel que recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos con la intención de que éstos sean utilizados en actos terroristas, serán sancionados con entre 15 y 20 años de arresto.

Quien atente contra la integridad física del Jefe de Estado, así como de representantes del gobierno, serán penalizados con entre 15 y 20 años.

Asciende a 448 el número de asesinados

El número de muertos producto de la violencia política en Nicaragua suma 448 en los primeros 100 días de protestas, según el más reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), presentado ayer.

El director Ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, informó en rueda de prensa que el registro de muertes abarca el periodo desde el 19 de abril hasta el 25 de julio. “De los 448 muertos, 399 están debidamente identificados y los otros 49, aún no... pero hay pruebas como fotos, noticias y otros soportes”, precisó Leiva.

Las manifestaciones y la tensión en las calles del país comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social aprobadas por el gobierno de Ortega.

Leiva se mostró alarmado por el aumento en la cifra de muertos desde que presentó el último informe, el pasado 11 de julio. “Un total de 97 murieron en 15 (días) a razón de seis por día”, y agregó que de acuerdo con el recuento, Managua registra el mayor número de fallecidos.