Condenados a muerte podrían usar silla eléctrica en Tennessee

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México.- El estado de Tennessee adoptó la silla eléctrica como método obligatorio para llevar a cabo las ejecuciones de condenados a muerte, cuando las autoridades carcelarias no puedan obtener las drogas para suministrar la inyección letal.

El gobernador Bill Haslam promulgó la víspera de manera privada la ley que para tal efecto el congreso estatal aprobó el mes pasado en medio de un renovado debate sobre la pena capital en Estados Unidos.

Tennessee se sumó así al reducido número de estados que mantienen está forma de castigo capital, abolido en otras entidades que han adoptado la inyección letal, por considerar la primera como una forma de castigo “cruel e inhumana”.

El cambio reflejó también la intención de los legisladores estatales de mantener viable la pena capital ante la creciente controversia sobre el uso de la inyección letal tras casos recientes de ejecuciones fallidas por problemas en su administración.

Los estados que mantiene esta forma de ejecución han encontrado además dificultades para obtener las drogas que se administran a los condenados, luego que empresas farmacéuticas europeas que las suministraban han dejado de producirlas en oposición a este uso.

La nueva ley eliminará el doble estándar que existía hasta inicios de está semana en Tennessee, donde aquellos condenados a muerte por delitos cometidos antes de 1999 podían optar por una de inyección letal o la silla eléctrica.

De acuerdo con el Centro de Información sobre Pena de Muerte, además de Tennessee, Alabama, Carolina del Sur, Florida y Virginia mantiene la silla eléctrica como opción para los condenados que no quieren inyección letal.

Semanas atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Estados Unidos suspender las ejecuciones hasta que el protocolo que se utiliza en Oklahoma con este propósito haya sido revisado de manera integral.

El pedido se produjo tras la fallida ejecución en ese estado del convicto asesino Clayton Lockett, sobre la cual la CIDH pidió tanto al gobierno federal como al de Oklahoma conducir una investigación independiente e imparcial.

De acuerdo a voceros del Departamento Penitenciario de Oklahoma, al parecer la vena a través de la cual Lockett, de 38 años, recibió las inyecciones se “colapsó o reventó”, y los fármacos no ingresaron al sistema de la manera que debían.

Este caso llevó al presidente estadunidense Barack Obama a anunciar el inicio de consultas con el Procurador General, Eric Holder, con el propósito de revisar la manera en que la pena de muerte debe ser aplicada a nivel nacional.