Ortega, quien apresó a opositores, denuncia injerencia externa tras reelegirse

El régimen de Nicaragua rompió el silencio y respondió a las acusaciones mundiales por la “farsa electoral” del pasado 7 de noviembre asegurando que tales reproches no son más que la cara del intervencionismo de los neocolonialistas que intentaron impedir los comicios al apoyar a la oposición.

“En Nicaragua se votó de manera libre. Libre de presiones, de chantajes, de injerencias y de sanciones”, sostuvo el embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields, previo al inicio de la 51 Asamblea de éste.

Apenas en su primera participación, el aliado orteguista, quien presentó sus cartas credenciales en sustitución de Luis Alvarado, defendió la victoria del orteguismo al descalificar los señalamientos de un fraude, hecho por el que varias naciones desconocen el resultado y exigen anular su tercera reelección consecutiva. Por lo anterior, el enviado del régimen demandó frenar la injerencia y los ataques a la soberanía.

Incluso, Mcfields refrendó las críticas de Ortega contra Europa y Estados Unidos al sostener que América debe dejar atrás visiones retrógradas y aspirar a una renovación, contraria a su postura, pues en caso de concluir este mandato acumulará 20 años en el poder.

Dicho reclamo no impidió que países como España, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos acusaran en el encuentro la antidemocracia vivida el fin de semana y reclamaran liberar a los presos políticos.

Posteriormente, 40 exministros de Exteriores de América Latina exigieron rechazar la nueva reelección ilegítima de Daniel Ortega y la reposición del proceso, a fin de garantizar la justicia que no prevaleció el #7N.

En una carta, promovida por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), exfuncionarios de 14 naciones, como México, Argentina, Perú, Chile y hasta Bolivia, cuyo gobierno felicitó a Ortega por su triunfo, repudiaron “el amañado proceso electoral en Nicaragua” luego de un periodo de coerción, represión e intimidación, y demandaron respetar los derechos humanos y la liberación inmediata de 150 presos tras una “parodia de elección, cuyos resultados se conocían de antemano”, por el arresto de 39 disidentes, siete de ellos aspirantes presidenciales.

Los firmantes enlistaron seis puntos que el régimen de Daniel Ortega debe atender inmediatamente, entre los que incluyen el retiro de Nicaragua de organismos internacionales, el cese de la represión y arrestos arbitrarios, garantizar el monitoreo de organismos externos y, en caso de incumplir esto, la inmediata suspensión de la OEA, al aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática.

Al respecto, el secretario de la OEA, Luis Almagro, delegó la aplicabilidad de ese proceso a los miembros, al afirmar que ellos definirán la ruta a seguir contra Ortega; sin embargo, apuntó que como representante empujará una acción más concreta contra el régimen para instar a gobiernos a recurrir a todas las herramientas para acotar el poder de Ortega.

Estas acciones se registran casi a la par de que el presidente de EU, Joe Biden, promulgara los ajustes de la Ley Renacer a sólo unos días de tachar de “pantomima” la manipulación de los Ortega-Murillo. En tanto, en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó el triunfo de Ortega con 75 por ciento de votos.

QUITAN CANAL A EXCANDIDATO

Un día después de que el tercer lugar de la elección, Guillermo Osorno, tachara de fraude la elección del pasado 7 de noviembre por la aparición de votos a favor de Ortega, el régimen le arrebató la concesión de radio y televisión.

El pastor que compitió por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) confirmó a medios la medida notificada a sus hijos por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) por presuntas anomalías, aunque él lo ve como represalia.

En un comunicado, canal 21 refirió que “de manera arbitraria cancelaron nuestra licencia en TV señal abierta” luego de una visita sorpresa que el régimen justificó como una inspección de rutina.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que con esta reelección crecerá la persecución, pues anticipan una nueva fase y éxodo mayor, de más de 100 mil.

La presidenta del organismo, Antonia Urrejola, dijo que persiste “una impunidad estructural” , por lo que no descansarán hasta recuperar los derechos de los nicaragüenses.

Ejemplo de esta nueva oleada represiva son las nuevas detenciones y hostigamiento del pasado 7 de noviembre, pues la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, contabilizó al menos 45 agresiones contra reporteros el #7N.

Además, a tres días de las elecciones se confirmó la aprehensión de una estudiante de periodismo ligada a la Unidad Azul y Blanco sin que hasta el momento se conozcan los cargos que se le imputan, de acuerdo con la madre de la detenida, quien reportó que la joven fue secuestrada por el régimen el pasado 10 de noviembre.