Busca dar certeza jurídica a medidas en Lleida

Vía decreto, Cataluña perfila confinamiento

Tras revés de juez a decisión de la Generalitat, el presidente Quim Torra acusa que se “judicializa la pandemia”; descartan solicitar al gobierno español decretar estado de alarma parcial

COVID-19
Clientes en la terraza de un bar en Lleida, algunos de ellos sin cubrebocas, ayer.Foto: Reuters
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Luego de que un fallo judicial frenara el confinamiento obligatorio determinado el domingo por Cataluña para la región de Lleida tras el alza de contagios, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprobó un decreto con el que estima dar cobertura jurídica a estas decisiones.

El proyecto, publicado a las 22:00 horas (tiempo local) estipula “el régimen de medidas que se aplicará en las poblaciones según los indicadores de contagio” y “regulará en qué supuestos concretos el Govern adoptará medidas que impliquen la restricción de derechos y libertades, como la de movimiento”. Las reglas específicas para la zona ubicada en la comarca del Segrià se conocerán hoy.

“Hemos aprobado un decreto ley que recoge el ordenamiento jurídico que nos permite aplicar este tipo de medidas más restrictivas. Una vez se publique dictaremos la resolución correspondiente para que se tomen esas medidas en Lleida”, explicó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en una entrevista televisiva.

De ese modo, y aunque la funcionaria recomendó seguir las recomendaciones de la Generalitat, los habitantes de la zona continuarán con incertidumbre al menos un día más.

Por la mañana, Torra advirtió que no aceptaba la decisión judicial que impedía el retorno al confinamiento de 200 mil personas que habitan en Lleida, el primero en territorio español desde que finalizó el estado de alarma generalizado, y que no entendía que hubiera obstáculos burocráticos cuando se toman decisiones en materia sanitaria.

No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas

Quim Torra, Presidente de la Generalitat de Cataluña

“No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas”, dijo Torra, quien consideró que la decisión judicial tenía como fin “judicializar la pandemia” y “buscar una batalla jurídica”.

Por su parte, el vicepresidente Pere Aragonès descartó pedir al Gobierno español un estado de alarma parcial, como lo ordenaba el fallo judicial, pues “no hay ninguna razón para volver a ese momento”.

En el mismo sentido, el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, pidió “claridad” sobre la decisión de confinar la zona por el rebrote de coronavirus y puso en duda que la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida pueda “decidir sobre la situación sanitaria”.

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Consideró que no hay argumentos jurídicos para que un juez determine no confinar territorios y llamó a tomar decisiones sobre bases científicas y sanitarias.

Por su parte, la Fiscalía de Lleida, horas antes incluso de conocer el decreto, advirtió que Torra no puede legislar sobre derechos fundamentales.

“No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales”, dijo el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, a Europa Press.

HAY 120 BROTES. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advirtió ayer que en todo España hay 120 brotes de coronavirus activos.

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El funcionario explicó que la nueva normalidad implica el control de brotes antes de que escalen a transmisión generalizada, por lo que abrió la que abrió la puerta a las restricciones a la movilidad.

Las autoridades españolas registraron ayer 164 nuevos casos positivos para llegar a 255 mil 953 acumulados desde el inicio de la epidemia; asimismo, con siete decesos en los últimos siete días, se alcanzaron 28 mil 406.

De los casos de las últimas 24 horas, la mayor parte se ubican en Cataluña, con 42; le siguen Aragón, con 32; Andalucía, 18; Castilla-La Mancha, 16; Extremadura, 16; Madrid, 13; Baleares, cinco; Comunidad Valenciana, cinco; Navarra, cuatro; Cantabria, tres; Murcia, tres; La Rioja, tres; Galicia, dos; Canarias, uno, y León, uno.