Denuncia de torturas tunde a corona saudí en plena crisis

La organización no gubernamental, Amnistía Internacional (AI), documentó que luchadores de los derechos humanos en Arabia Saudita son víctimas de descargas eléctricas, golpes y abusos sexuales en prisión; entre las personas detenidas hay mujeres que lucharon por el derecho a conducir y que han sido detenidas desde mayo pasado, poco antes de que a las sauditas se les permitiera ponerse al volante.

Varios de ellos aún no han sido acusados ni tienen acceso a un abogado defensor. “Los activistas han sido repetidamente torturados con descargas eléctricas y latigazos, lo que ha dejado a algunos incapaces de andar o de permanecer erguidos”, asegura AI en un comunicado.

A uno de ellos lo colgaron del techo. Otros tienen un temblor de manos permanente y marcas por todo el cuello. “Una de las mujeres detenidas ha sido, al parecer, acosada sexualmente de forma repetida por interrogadores enmascarados”, añade el texto.

“Apenas unas semanas después del despiadado homicidio (del periodista) Jamal Khashoggi, estas impactantes denuncias de tortura, acoso sexual y otras formas de malos tratos, si son verificadas, revelan nuevas e indignantes violaciones de derechos humanos de las autoridades saudíes”, señala la organización, en voz de Lynn Maalouf, directora de Investigación sobre Oriente Medio.

AI exigió a las autoridades saudíes poner en libertad inmediata e incondicional a los defensores y defensoras de los derechos humanos recluidos exclusivamente por su trabajo pacífico de derechos humanos y emprender con prontitud una investigación exhaustiva y efectiva sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos, con vistas a hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos.

Según informes, las autoridades de la prisión de Dhahban, donde se registra la mayoría de los casos documentados, también han advertido a los y las activistas detenidos que no revelen ningún testimonio de tortura ni procedimiento penitenciario a sus familias.

Se denuncian de forma habitual y general torturas y otros malos tratos en las prisiones y centros de detención saudíes, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Arabia Saudita en virtud del derecho internacional, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Apenas unas semanas después del despiadado homicidio (del periodista) Jamal Khashoggi, estas impactantes denuncias de tortura, acoso sexual y otras formas de malos tratos revelan nuevas e indignantes violaciones de derechos humanos de las autoridades saudíes”

Lynn Maalouf

Directora de AI en Oriente Medio

Muchas personas detenidas han denunciado durante el juicio que se utiliza la tortura con frecuencia para obtener “confesiones”, castigarlas por negarse a “arrepentirse” u obligarlas a prometer que no criticarán al gobierno.

Estas “confesiones”, además, suelen ser la base de duras condenas, incluida la pena de muerte, sin que la justicia tome ninguna medida para investigar debidamente estas denuncias.

Varias personas dedicadas al activismo, que fueron detenidas de manera arbitraria, durante las medidas de represión de mayo, entre las que hay defensoras de los derechos humanos, siguen detenidas sin cargos y sin representación letrada. Estuvieron recluidas en régimen de incomunicación y aislamiento los primeros tres meses de detención.

En su informe, AI llamó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el gobierno saudita para que termine con su política represiva.

El Dato: Autoridades turcas y la CIA estadounidense concluyeron que el príncipe saudí tuvo responsabilidad en el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi.

“La comunidad internacional debe adoptar medidas sustanciales para presionar a Arabia Saudita con el fin de que ponga en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos”, escribió.

Fuentes del activismo informan de que muchas personas más, entre ellas otras activistas de los derechos de las mujeres, están detenidas también desde mayo; sin embargo, la escalada de las acciones contra las voces disidentes está teniendo un efecto inhibidor en la libertad de expresión en el país, intensificando un entorno ya existente de temor a denunciar detenciones y otras violaciones de derechos.