ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad

Una Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela concluyó ayer que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa están involucrados en crímenes de lesa humanidad, como torturas y ejecuciones cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

El documento detalla que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes”.

Las torturas habrían sido perpetradas por fuerzas de seguridad que utilizaron técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia, además de violencia sexual. También agregó que funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) simulan enfrentamientos para encubrir ejecuciones extrajudiciales plantando armas a las víctimas en “un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar semillas”.

Los hallazgos se basan en casi tres mil casos que fueron investigados en los que se examinaron más de cinco mil asesinatos; concluyeron que Maduro y sus ministros de Defensa e Interior tenían conocimiento de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia de Venezuela.

Los expertos Marta Valiñas, de Portugal; Francisco Cox Vial, de Chile (quien en 2016 formó parte del Grupo de Expertos Independientes que en México investigó el caso Ayotzinapa), y Paul Seils, de Gran Bretaña, trabajaron bajo una misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos, conformado por 47 naciones, estableció en septiembre.

“Estos actos se cometieron de conformidad con dos políticas estatales, una para sofocar la oposición al gobierno y otra para combatir el crimen, incluida la eliminación de personas percibidas como delincuentes. También consideramos que los delitos documentados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, dijo Valiñas.

El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó el documento como un informe plagado de “falsedades”, “elaborado a distancia” y “sin rigor metodológico alguno por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.

El canciller recordó que en diciembre pasado, el gobierno venezolano anunció que no reconocía “ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la Alta Comisionada”.

En contraste, organizaciones humanitarias locales e internacionales y opositores expresaron su respaldo al documento de la misión de la ONU y plantearon que marca un “antes y un después” en materia de derechos humanos en Venezuela.

El líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, cargo en el que lo han reconocido casi 60 países, afirmó que el informe representa un “gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha”. En un mensaje de Twitter dijo que la evaluación de la misión revela que “Maduro es un criminal que, además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”.

En el mismo sentido, el congresista opositor Miguel Pizarro, quien fue comisionado por Guaidó para la ONU, dijo a la prensa que el informe “deja muy claro” el vínculo entre Maduro, el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, mayor general Néstor Reverol, y el general en jefe Vladimir Padrino López, respectivamente, y de la cadena de mando hacia abajo en “la violación de derechos humanos, bien sea por acción o por omisión”.

“Es un paso muy importante esto que ha ocurrido el día de hoy (...) Es importantísimo, sobre todo por ese esfuerzo nuestro de determinar las responsabilidades individuales y las cadenas de mando dentro de los abusos y todas las tropelías que han ocurrido en Venezuela”, añadió.

Mientras que la directora para la región de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, consideró el informe como un “hito” para las víctimas de violaciones de derechos humanos, y compartió el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, para que se garanticen “los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”.