Egipto ejecuta a seis personas leales al grupo Estado Islámico

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Las autoridades egipcias ejecutaron hoy en la horca a seis hombres islamistas, leales al Estado Islámico (EI), tras ser declarados culpables de llevar a cabo ataques a nombre del grupo extremista y por la muerte de ocho soldados egipcios.

Los condenados, miembros del grupo yihadista Ansar Beit al-Maqdis, que el año pasado prometió lealtad al EI, fueron ejecutados este domingo en un Tribunal de esta capital, luego de ser declarados culpables de matar a los soldados, informó la Policía de El Cairo.

Las sentencias fueron emitidas, haciendo caso omiso a las Apelación de la defensa, bajo el argumento de que dos de los seis condenados habían sido detenido en el momento de sus presuntos crímenes, según un reporte de la cadena árabe Al Arabiya.

Un tribunal militar confirmó las condenas a muerte en marzo pasado, tras un juicio en el que los seis fueron declarados culpables de llevar a cabo varios ataques, meses después del derrocamiento en julio de 2013 del presidente Mohamed Mursi, quien la víspera fue condenado a muerte.

Según la Fiscalía, los hombres habían sido detenidos cuando policías y soldados allanaron su casa al norte de El Cairo, en marzo de 2014, desatándose un tiroteo, que cobró la vida de dos expertos en explosivos del Ejército y otros seis militares, agregándose el cargo de asesinato.

Los seis ejecutados también fueron acusado de cargos de terrorismo, de pertenecer a un grupo terrorista, planear operaciones terroristas, recibir entrenamiento armado, disparar proyectiles contra barcos y de atacar instalaciones militares.

La fiscalía acusó a los detenidos de pertenecer a Ansar Beit al-Maqdis, un movimiento yihadista radicado en la península del Sinaí, leal al Estado Islámico y que se ha atribuido la mayoría de los ataques contra fuerzas de seguridad que se han registrado desde el golpe de Estado.

Las ejecuciones fueron aplicadas un día después de que el expresidente Mohamed Mursi y otros dirigentes de la organización Hermanad Musulmana fueran condenados a la pena de muerte, por su responsabilidad en una fuga de la cárcel durante la revolución de 2011.

Grupos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), abogaron a favor de un aplazamiento de la ejecución, denunciando que los acusados habían sido procesados en un juicio "injusto" y que el único testigo había sido un policía secreto.