El #2 de FARC renuncia a escaño y debilita la paz

Año y medio después de la firma del acuerdo de paz entre la principal guerrilla de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el gobierno de Juan Manuel Santos, el pacto comienza a fracturarse. El número dos y exjefe negociador de la exguerrilla FARC, Iván Márquez, declinó asumir como senador en Colombia el viernes próximo, tras denunciar la “desfiguración” del acuerdo de paz firmado a finales de 2016.

En una carta pública difundida ayer, Márquez alega “circunstancias insalvables que se interpusieron” en su intención de formar parte del Congreso que se instalará el 20 de julio, conforme lo previsto en el pacto que permitió el desarme y transformación de las FARC en partido de izquierda.

El exjefe rebelde se escudó en tres razones para no asumir uno de los 10 escaños que le reserva el pacto de paz a la nueva fuerza política: la captura con fines de extradición de su coideario, Jesús Santrich, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, la modificación de lo pactado con el gobierno y la falta de condiciones para el “tránsito de la rebelión armada a la política legal”.

“No se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo, como la reforma política, sin la cual no habrían condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política”

Iván Márquez

Número dos de las FARC

“Siento que la paz de Colombia está atrapada en las redes de la traición y no tanto porque no se haya materializado lo acordado -que requiere unos tiempos para su concreción-, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo”, apuntó Márquez en su misiva.

“El acuerdo está blindado. El hecho de ver a Timochenko votando por primera vez, como excomandante del FARC y ahora jefe político del partido político, eso resume que el acuerdo funcionó”, presumía el presidente colombiano Juan Manuel Santos el pasado 26 de junio, en una entrevista en el palacio presidencial ,que en unas semanas será el despacho de Iván Duque.

Sin embargo, dos días después, Márquez tuiteó: “No es sólo que no se puede renegociar el acuerdo sin las FARC, como dice Kai Ambos, sino que no se puede modificar el texto del Acuerdo de Paz firmado en La Habana por las partes. Todas las modificaciones introducidas al texto original son incumplimiento, perfidia, trampa, conejo”.

Suscrito a finales de 2016, el pacto de paz atraviesa por un difícil proceso de implementación e incluso el presidente electo, el derechista Iván Duque, ha prometido correcciones a lo acordado.

“El acuerdo está blindado. El hecho de ver a Timochenko votando por primera vez, como excomandante de las FARC y ahora jefe político del partido político, eso resume que el acuerdo funcionó”

Juan Manuel Santos

Presidente de Colombia

Duque, quien asumirá el 7 de agosto, se opone a que los jefes rebeldes que sean hallados culpables de delitos de lesa humanidad puedan desempeñarse como congresistas.

El exjefe del equipo negociador del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) había dejado en suspenso su posesión como legislador, tras la detención de su excompañero de armas, el 9 de abril.

A raíz del caso Santrich —que tilda de “montaje judicial”—, Márquez radicó indefinidamente en una de las zonas del sur del país donde se concentran excombatientes en proceso de reincorporación social y económica.

El Dato: La exguerrilla, devenida ahora en un partido político, logró 10 curules, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

En la década de los 80, Márquez ejerció como diputado antes de tomar las armas, en medio del exterminio del Partido Comunista -al que pertenecía- a manos de fuerzas de ultraderecha en complicidad con agentes estatales.

Él y Santrich hacían parte de la lista de 10 congresistas de la exguerrilla que deben asumir sus bancas el 20 de julio, según lo convenido en las negociaciones de paz.

Cambios polémicos

El partido de Álvaro Uribe impulsó modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Algunos de ellos son:

La creación de una nueva sala en la JEP para el juzgamiento de los militares procesados por crímenes en el conflicto.

Establece un periodo de interinidad de año y medio entre tanto se tramitan los cambios constitucionales necesarios.

Prohíbe a la JEP practicar pruebas en trámites de extradición. Deben limitarse a determinar la fecha de las posibles conductas ilegales que dan pie a este proceso legal.