En 12 años, chavismo nunca ha perdido un caso en Poder Judicial

En 12 años, chavismo nunca ha perdido un caso en Poder Judicial
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La ley de Amnistía en Venezuela, que ordena la liberación de 75 presos políticos, incluido Leopoldo López, enfrenta una batalla en el Poder Ejecutivo y en el Judicial.

De acuerdo con la Constitución del país chavista, el presidente está facultado para rechazar las legislaciones, hacerle observaciones o devolverlas al Congreso, pero también tiene la alternativa de enviarla al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para definir si es constitucional.

En 2004, una reforma promulgada por el chavismo incrementó el número de magistrados a 32 magistrados.

Desde entonces, todos los fallos dan la razón al régimen.

El martes pasado, la mayoría de la Asamblea Nacional aprobó la ley que ordena la excarcelación de los presos políticos.

El dictamen avalado contiene 27 artículos que ordenan identificar a los beneficiarios, suspender las condenas y procesos penales en contra de todos y conformar una comisión especial para dar seguimiento a los casos.

A partir de eso, el TSJ se reunió de emergencia en la madrugada del miércoles para buscar una sentencia que anule la legislación.

“El Poder Judicial es un bufete inconstitucional”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

En este escenario, diputados polemizaron sobre la ley de amnistía, según expresaron en declaraciones a la cadena Globovisión.

Legisladores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) sostienen que la ley beneficia a quienes fueron encarcelados injustamente, pese a que no existen pruebas en su contra.

Por su parte, el doctor Jesús Silva asegura que hay que revisar exhaustivamente que los elementos de esa ley no estén violando la constitución.

“En nuestro país no existe el veto presidencial”, aseguró Matheus resaltando que hay que entrelazar esfuerzos para que Venezuela no sufra nunca más.

En 2007, el entonces mandatario, Hugo Chávez, promulgó una legislación similar.

De 45 artículos se redujo a 29 para tener una ley más concreta informó Forero.

“Hoy tenemos una ley que está blindada y que no viola las normas establecidas en la constitución”, expresó.

Además de Leopoldo López, dentro de la lista de presos del régimen se encuentran los exalcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Además, unas cinco mil empresas y personas morales serán beneficiadas.

Maduro calificó la ley como un perdón para criminales de alto nivel.

“La ley pretende dar impunidad, a partir de ahora a los delitos de terrorismo, narcotráfico, homicidios, conspiración. Esta ley perdona a los criminales”, concluyó el mandatario.

Estrategias

Las acciones del Ejecutivo vinculan

a otras dependencias del régimen.

Usa otros poderes El 1 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una sentencia que acota las funciones del Legislativo. Le prohíbe a legisladores vigilar labores de jueces.

Recurre a fiscales En enero, anunció acciones legales contra la directiva del Parlamento por haberle negado el decreto de emergencia económica.

Convoca a movilizaciones El sábado pasado, unas mil personas salieron a las calles luego del llamado oficialista, para exigir que Estados Unidos derogue el decreto que califica a Venezuela como una amenaza.

Incrementa vigilancia Maduro anunció la creación de un censo nacional para registrar a chavistas, vigilar actividades burocráticas y medir su lealtad con el régimen.

Corte de Brasil atrae pesquisas contra Lula

El pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) anunció que revisará la validez de las investigaciones contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por su eventual implicación en la trama de corrupción y sobornos de Petrobras y otras empresas.

De esta forma, la investigación contra Lula por la Operación Lava Jato, en manos hasta la fecha del juez Sergio Moro, que dirige el caso en primera instancia, es transferida a la máxima autoridad judicial del país.

La mayoría de los magistrados del STF estimó que toda la investigación debe recaer en éste, ya que algunos de los desdoblamientos del caso afectan a personas con fuero privilegiado, por lo que no pueden ser juzgadas en primera instancia.

De esta forma se refería a las grabaciones telefónicas difundidas entre Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff, en el centro de la polémica sobre si la mandataria le habría nombrado ministro para que su predecesor escapara a la Justicia ordinaria.