Extiende Ortega persecución a Costa Rica y pide lista negra

El gobierno de Costa Rica rechazó ayer la petición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de entregarle una lista de ciudadanos nicaragüenses que huyeron a territorio tico tras la crisis, con la finalidad de determinar quién sí y quién no podría volver, en función de los crímenes que hayan cometido.

“La confidencialidad es el principio rector para el registro de información de los solicitantes de la condición de refugiado”, dijo a periodistas la vicecanciller Lorena Aguilar, citando la legislación local e internacional sobre asilo y refugio.

La respuesta se da un día después de que el presidente Ortega anunciara su interés en reclamar a quienes considera que cometieron crímenes antes de emigrar a Costa Rica.

“Les vamos a pedir el listado oficial (de nicaragüenses) para poder decir con toda claridad cuáles son los que cometieron delitos, los demás pueden regresar sin temor”, dijo Ortega en un acto público ante miles de seguidores y trabajadores del Estado.

[caption id="attachment_792283" align="alignright" width="124"] Gráfico: La Razón de México[/caption]

Decenas de miles de nicaragüenses huyeron de su país desde el pasado abril, sobre todo a Costa Rica, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Ortega.

El gobierno costarricense ya había informado que al menos 23 mil nicaragüenses habían hecho solicitudes de asilo en su país.

El presidente de Nicaragua, señalado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de la crisis, dijo que a los migrantes nicaragüenses “que se sienten libres de pecado nadie los va a detener”.

En un informe emitido el miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizó al gobierno de Nicaragua de producir una “criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno”.

También lo señaló de “uso desproporcionado de las fuerzas por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales”, o bien “desapariciones forzadas”, así como “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado”.

El gobierno rechazó estos señalamientos e insistió en que el informe es “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID), también descalificada por Ortega, debido a un informe con conclusiones similares en el que reportó 322 muertos, apoyó la denuncia de la ONU, que reporta 300 imputados de manera extrajudicial, por la represión sistemática en el país centroamericano.

Organismos humanitarios locales estiman que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidos en “reos políticos” desde el estallido social de abril.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

El Dato: Movimientos sociales señalaron al Estado de realizar una “ilegal redada” contra jóvenes que se manifiestan ante el gobierno.