Fiscal chavista admite desfalco por el cual fue acusado Maduro

El fiscal general de Venezuela designado por el chavismo, Tarek William Saab, reconoció ayer el desfalco de 200 millones de dólares en contratos petroleros con el Estado, denunciado el pasado 29 de agosto por la titular de Ministerio Público que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro y que ahora es perseguida por el gobierno, Luisa Ortega Díaz.

El dato:

El chavismo también designó a dos fiscales para investigar a un diputado de oposición —Julio Borges— vinculado en el delito de traición a la patria.

La supuesta defraudación se produjo por “sobreprecios” de hasta 230 por ciento en contrataciones realizadas entre 2010 y 2016 en la Faja Petrolífera del Orinoco, manifestó Saab, en conferencia de prensa, y acusó de complicidad a su antecesora por no haber investigado ese caso.

“El daño patrimonial vinculado a la antigua gerencia (de la Faja Petrolífera), que fue removida por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, abarca una cifra cercana a los 200 millones de dólares”, aseguró el funcionario, sin darse cuenta de que con sus declaraciones inculpó al presidente de Venezuela, acusado por Ortega Díaz de desviar dichos fondos.

Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo, y 90 por ciento de esa riqueza se concentra en la Faja del Orinoco.

Saab aclaró que el monto del detrimento corresponde solamente a 12 contratos

—adjudicados a 10 empresas— examinados en una primera fase de la pesquisa. “La cifra pudiera aumentar, pudieran aparecer otras empresas vinculadas”, apuntó.

El fiscal, designado ilegalmente por la Asamblea Nacional Constituyente, no reportó detenciones por ese caso, pero aseguró que los dueños de las compañías serán interrogados y confió en que cooperen con la justicia. Asimismo, eximió de responsabilidad a los directivos de PDVSA y aseguró que la investigación avanzó gracias a la colaboración de ellos.

Saab trató de salvar la reputación de Maduro al asegurar que el mandatario venezolamo ordenó investigar el caso hace un año, pero la exfiscal Ortega lo mantuvo “engavetado” (archivado) presuntamente para “desviar” las averiguaciones.

“Usted es la principal responsable del desfalco (…) porque teniendo estas pruebas no hizo nada. Lo que hizo fue desviar la investigación para extorsionar” a los implicados, afirmó Saab, también acusado por Ortega Díaz de corrupto.

Ortega fue destituida el pasado 5 de agosto por la Constituyente que rige el país con poderes absolutos, cuatro meses después de poner fin a su militancia por considerar que Maduro había roto el hilo constitucional.

Santos busca transición política en Venezuela

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que busca una transición política en Venezuela “porque la verdad es que acabaron con la democracia”, declaró a la BBC Mundo.

“Tener una dictadura en la mitad de América Latina es algo que a nadie le conviene; a

Colombia no le conviene, no le conviene al mundo tampoco. Entonces lo que queremos es buscar que se restablezcan los derechos de los venezolanos, es lo más importante. Nos preocupa el bienestar de los venezolanos, lo que están viviendo en este momento es realmente trágico”, manifestó en la entrevista concedida al periodista Natalio Cosoy.

Santos adelantó que abordará el caso venezolano durante la visita que realizará el papa Francisco a su país. “Como jefes de Estado tendremos una conversación personal y seguramente será un tema obligado”, señaló.

El mandatario precisó que busca “ambientar la posibilidad de una salida negociada y pacífica” en Venezuela y “que ésa debe ser la consigna de todo el mundo”.

Lo que sabe Luisa Ortega del régimen

En su periplo por Brasil, Colombia y Costa Rica la fiscal destituida ha denunciado:

Nicolás Maduro, el supuesto narcotraficante Álvaro Pulido Vargas y el empresario Álex Naím Saab Morán son los verdaderos dueños de Group Grand Limited. Se trata de una importadora que nutre de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por precios que superan en un 200 por ciento el mercado.

La multinacional Odebrecht pagó a Maduro y a Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, para que le otorgaran licitaciones de infraestructuras en Venezuela. Primos de Cabello ocultarían su fortuna en un entramado de empresas abiertas en España, Estados Unidos y Panamá.