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Policías resguardan la clínica Centenario Peruano Japonesa, ayer. Foto: Especial
Policías resguardan la clínica Centenario Peruano Japonesa, ayer. Foto: Especial

En medio de un golpe al fujimorismo, luego de que la justicia peruana anulara el indulto y ordenara el arresto del expresidente Alberto Fujimori, sus partidarios en el Congreso aprobaron la madrugada del jueves dos reformas constitucionales que golpean al gobierno, lo que puede interpretarse como un acto de venganza por la medida que devuelve al otrora dictador a la carcel para cumplir con su condena por delitos de lesa humanidad.

La bancada fujimorista introdujo modificaciones drásticas contra las medidas para paliar la corrupción que impulsó el actual presidente, Martín Vizcarra, particularmente en el aspecto que prohibía la reelección inmediata de los legisladores, a pesar de que el objetivo inicial del Ejecutivo era exactamente contrario.

De acuerdo con El País, durante el debate, la congresista de Nuevo Perú (izquierda), Marisa Glave, solicitó una disposición transitoria para prohibir que los actuales legisladores sean candidatos otra vez en 2021, pero la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Rosa Bartra, denegó la petición.

El texto que aprobó finalmente la mayoría del fujimorista Fuerza Popular señala que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo”, con lo cual podrán postular las veces que quieran, pasando de senadores a diputados una vez que entre en vigencia la otra modificación constitucional que restablece la bicameralidad.

  • El Dato: El expresidente Pedro Pablo Kuczinsky renunció luego que se filtraron videos que implicaban a sus cercanos en compra de votos de congresistas a cambio de obras.

La otra reforma, que recibió el apoyo de 91 de los 130 diputados, dispone la reinstalación de dos cámaras en el Congreso e indica que los miembros del Legislativo se llamarán parlamentarios, una manera en que, según explica El País, los legisladores usarán para volver a postularse en 2021.

La imposición de los fujimoristas transformó una prerrogativa del presidente: el mecanismo de cuestión de confianza que permite a los mandatarios cerrar el Congreso si éste censura a dos gabinetes de manera consecutiva.

El fujimorismo eliminó, además, la obligación de los legisladores de presentar declaración patrimonial y rechazó  el criterio de representación de la población indígena y el de paridad.

El golpe legislativo del fujimorismo

Reformas aprobadas por los diputados afines al exdictador.

  • Valida la reelección inmediata de los diputados.
  • Reinstala dos cámaras en el Congreso e indica que sus miembros se llamarán parlamentarios.
  • Eliminó el mecanismo de cuestión de confianza que permite al presidente cerrar el Congreso.
  • Quita la obligación de los legisladores de presentar una declaración de de sus bienes patrimoniales.
  • Excluye los principios de conducta intachable y paridad.
  • Rechaza el criterio de representación de la población indígena.

“Mi corazón no lo va a soportar”

Un debilitado expresidente Alberto Fujimori lanzó un dramático mensaje desde la cama de un hospital, después de que se le anulara un indulto humanitario que lo obliga a regresar a la cárcel para cumplir una condena por abusos contra los derechos humanos.

El político de 80 años aparece en un video implorando al presidente Martín Vizcarra y al Poder Judicial que no lo lleven nuevamente a prisión porque, según él, sería condenarlo a muerte.

“Quiero decirle a las autoridades y a los políticos, por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo… por favor no me maten, si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, afirma.

“No me condenen a muerte ya no doy más… ya no tengo fuerzas para resistirlo, quiero pedirle al presidente (Vizcarra), a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa, no me maten”, insiste.

En diciembre pasado el gobierno de Pedro Pablo Kuczinsky indultó a Fujimori, lo que llevó a su excarcelación pese al rechazo de las familias de las víctimas.

El exgobernante fue enjuiciado y condenado a 25 años de cárcel en 2009 por el caso de la matanza de 25 peruanos en la década de 1990.

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