Inmigrantes se unen por mejores condiciones de vida

THERMAL, California — En los cinco años que Pasquala Beaza ha vivido en un miserable parque de remolques para jornaleros inmigrantes, ha soportado la peste de las aguas albañales, inundaciones de las calles y apagones.

Cuando las temperaturas alcanzaron 46 grados Celsius (115 Fahrenheit) en el valle Coachella y un incendio dejó el lugar sin electricidad durante un mes, su familia no pudo aguantar más.

El esposo de Beaza y otros cuatro residentes demandaron a los dueños en un tribunal del estado.

Con ello, se sumaron a una pequeña, pero creciente minoría de habitantes de remolques que están peleando por mejorar las condiciones en más de 100 parques de viviendas rodantes en este polvoriento valle 240 kilómetros (150 millas) al sureste de Los Angeles.

"Nosotros no queríamos acudir a una demanda, pero con una situación como ésta no había otra opción. Es una necesidad básica y tuvimos que hacerlo", dijo Beaza, de 51 años, una mucama de hotel, cuyo remolque fue calificado de inseguro por el condado a causa del apagón. "Y el problema que tenemos no es nada comparado con los problemas en otros lugares".

Otrora temerosos de quejarse de las deplorables condiciones de vida, residentes como los Beaza están demandando a dueños de los parques de remolques y ganando.

Un juez del condado Riverside que restauró la electricidad en el parque de los Beaza le ordenó a los dueños que diesen mantenimiento a los sistemas de electricidad y desagüe y se abstuviesen de desalojar a inquilinos y de subirles el alquiler en represalia. Residentes de otros dos parques — en los que viven mayormente jornaleros agrícolas, muchos de ellos inmigrantes ilegales — han presentado también demandas y otro presentó una queja ante la Comisión de Servicios Públicos del estado por tasas de agua de hasta 595 dólares al mes.

La reciente victoria marca la primera vez que todos los residentes de un parque se han organizado y representa un cambio importante en un debate de décadas sobre cómo lidiar con la crisis de viviendas de bajo costo que ha plagado el valle Coachella.

"El modelo es que la comunidad sea la fuerza motriz", dijo Sergio Carranza, director ejecutivo del la recientemente creada Pueblo Unido Community Development Corp., una de varias organizaciones sin fines de lucro que encabezan el activismo. "Queremos darle fuerza a esas familias".

Pésimas condiciones de vida para los jornaleros migrantes precedieronn la llegada de los refugiados del Dust Bowl a los fértiles campos de California en los años 30, pero la situación en el Valle Coachella, conocido por sus uvas, dátiles, chiles y otros cultivos, es única por su gravedad. Decenas de campos de remolques ilegales y ocultos surgen a un paso más acelerado que lo que los reguladores pueden inspeccionar en este vasto condado rural.

"Es como una epidemia", dijo Megan Beaman Carlson, abogada para la California Rural Assistance League Inc., que ayuda a los residentes en sus demandas. "Pienso que se ha convertido en un asunto demasiado grande para que el condado pueda monitorearlo apropiadamente".

En uno de los parques más notorios, un barrio marginal de 4.000 habitantes cuya administración está ahora en manos de un síndico federal, perros cimarrones deambulaban por callejones lodosos, aguas albañales fluían hacia los valles durante fuertes lluvias y moscas hostigaban a los niños. Cables eléctricos enredados colgaban sueltos, desatando un incendio que dejó a 120 personas desamparadas.

En el Parque de Casas Móviles Hernández, donde viven los Beaza, subidas repentinas del voltaje dañaron electrodomésticos y derrames de tanques sépticos arrojaron desperdicios humanos a los remolques.

Los hermanos dueños del parque dicen que trabajaron como jornaleros durante años y abrieron la propiedad como forma de ayudar a los inmigrantes.

La situación se salió de control a medida en que familias estacionaron sus remolques por 200 dólares la mes, dijo Oscar Hernández. Ahora los hermanos se encuentran con que no pueden mantener un parque con 24 remolques, pero tampoco pueden cerrar a causa de la orden judicial.

"Mis hermanos abrieron esto para ayudar a personas necesidades. La gente llegaba y decía 'necesito un lugar donde quedarme' y ahora nos están demandando", dijo, mientras su hermano Miguel escuchaba. "Ellos están tratando de hacernos ver como malas personas, pero todo lo que tenemos está aquí".

A finales de los noventa, funcionarios locales lanzaron una batida contra parques no autorizados, pero ello solamente forzó a los residentes a irse a reservaciones indias vecinas — donde el condado no tenía jurisdicción — o quedar desamparados. Activistas ganaron un arreglo de 21 millones de dólares contra el condado por discriminar contra familias hispanas de bajos ingresos.

Ahora, el condado está concentrándose en los parques más peligrosos y trabajando con organizaciones sin fines de lucro para mejorar las condiciones y construir viviendas de bajo costo para el futuro.

Aunque se gastaron 59 millones de dólares para construir 5.200 viviendas de bajo costo y otras 3.200 unidades están en construcción, aproximadamente 6.000 personas viven en malas condiciones, dijo Emilio Ramírez, director de la agencia de desarrollo económico del condado.

"Es el dilema que tenemos. Obviamente queremos librar la comunidad de esas viviendas de baja calidad, pero tenemos que hacerlo en una forma que no cause desamparo masivo.

Eso deja mucho de la actual batalla en manos de los jornaleros y los jardineros y mucamas que viajan a la vecina Palm Springs y otras ciudades del desierto a trabajar en country clubs y centros vacacionales de lujo.

Residentes del Parque de remolques St. Anthony en Mecca demandaron exitosamente por un pozo de agua contaminado con arsénico y ahora tienen agua fresca suministrada por una estación frente al parque. Los olores de los desagües han sido controlados vertiendo lima cerca de los estanques de evaporación y las luces ahora funcionan.

María Arredondo, una recogedora de uvas que vivió en el parque durante 17 años antes de sumarse al comité de "Unity is Strength" el año pasado, aún coloca líquido de limpieza aromatizado en un vaporizador para contrarrestar los olores albañales de un estanque a unos pocos metros de su puerta.

Pero importantes cambios recientes le han dado esperanzas de que con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, ellos van a construir un día un nuevo sitio de 136 unidades con césped y un centro comunitario.

"Tenemos esperanzas y no queremos abandonarlas", dijo Arredondo, con una sonrisa. "Es por eso que estamos peleando y tenemos que tener fe".

ams