Juez obliga a Trump a acatar reglas de asilo

Las modificaciones a las reglas para solicitar asilo, con las que el presidente Donald Trump negó esta garantía a cualquier persona indocumentada que lo tramitara desde la frontera con México, se quedaron sin efecto luego de que un juez federal de distrito dictara una orden de restricción temporal, al considerar las demandas de dos organizaciones civiles.

Se trata del decreto que dificultaba a miles de personas provenientes de una caravana migrante desde Centroamérica el acceso al país, por la vía legal, y evitaran ser deportadas por falta de documentos.

La queja que llevó a esta prohibición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y por el Centro por los Derechos Constitucionales.

“Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, escribió en su orden el juez Jon S. Tigar, del Tribunal de Distrito en San Francisco.

Tigar estableció que el gobierno reanude las solicitudes de asilo de los migrantes, sin importar dónde o cómo entraron a Estados Unidos, una medida que supone un retroceso al intento del presidente de reprimir a una gran oleada de centroamericanos que aún aguardan en México para cruzar la frontera.

“Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”

Jon S. Tigar

Juez del Tribunal de Distrito en San Francisco

“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan (la frontera) entre los puertos de ingreso. No se puede ser más claro”, dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales, una de las ONG que se quejaron por las prohibiciones de Trump.

A sólo unos días de las elecciones intermedias del pasado 6 de noviembre, la administración Trump presentó una regla al registro federal para permitir que la prohibición de asilo a los indocumentados en la frontera con México entrara en vigencia de inmediato, sin un periodo de comentarios del público.

Pero la norma, según determinó el juez Tigar, tocó leyes de asilo de larga tradición que aseguran que las personas que huyen de la persecución pueden buscar seguridad en EU, independientemente de cómo ingresaron al país.

Después de la decisión del juez, Lee Gelernt, abogado de ACLU, dijo que el tribunal dejó en claro que la administración no tiene facultad para anular el poder del Congreso federal.

Los funcionarios de la administración de Trump señalaron que se mantendrán en la defensa de la política migratoria del mandatario, a medida que avance en los tribunales.

“Nuestro sistema de asilo está roto y está siendo abusado por decenas de miles de reclamos sin mérito cada año”, dijo Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, y Steve Stafford, portavoz del Departamento de Justicia.

A través de un comunicado, reprocharon que la ACLU y el Centro por los Derechos Constitucionales influyeran para bloquear al gobierno estadounidense, en un asunto de seguridad nacional.

“Es absurdo que se pueda encontrar que un conjunto de grupos de defensa tiene derecho a demandar para impedir que todo el gobierno federal actúe de manera que los extranjeros ilegales puedan recibir un beneficio del gobierno al que no tienen derecho. Esperamos continuar defendiendo el ejercicio legítimo y razonado del poder ejecutivo de su autoridad para enfrentar la crisis en nuestra frontera sur”.

De acuerdo con The Washington Post, los presidentes estadounidenses tienen amplias facultades para decidir sobre asuntos de inmigración; sin embargo, el fallo de la corte muestra que tal poder no es ilimitado.

“El fallo es un golpe importante para los esfuerzos de la administración por cambiar unilateralmente la ley de asilo. En última instancia, esto puede ir a la Corte Suprema para una decisión final“, dijo al Post Stephen Yale-Loehr, académico en la Escuela de Derecho de Cornell.

El Dato: Según datos oficiales, entre abril y junio, 2 mil 500 niños habían sido arrancados de sus padres y puestos en albergues.

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