La Iglesia católica denuncia el autoritarismo del régimen

Atrás quedaron esos tiempos en los que Hugo Chávez describía a los sacerdotes como “diablos con sotanas”. Después se abrió un “periodo de paz”, una especie de tensa calma que se mantuvo tras la muerte del comandante. Los obispos venezolanos hace tiempo que se “muerden la lengua”

consecuentes con los esfuerzos del Papa Francisco para que ambas partes se sienten a la mesa. Pero parece que esa tregua, se ha roto.

Desde los pulpitos y altares las voces se alzan de nuevo. La Iglesia católica de Venezuela aseguró ayer que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una “dictadura” que será consolidada con la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Esta Asamblea prevista para finales de julio será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”, aseguró monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Al inicio de la asamblea anual de los obispos venezolanos, Padrón señaló que en el país “ya no hay conflicto ideológico entre derechas o izquierdas”, sino “una lucha entre un gobierno convertido en dictadura y todo un pueblo que clama libertad”.

El prelado advirtió de que la Constituyente permitirá “la permanencia ilimitada del actual gobierno en el poder” y la “anulación de los poderes públicos” como el Parlamento, de amplia mayoría opositora.

Monseñor Padrón autorizó además que las instalaciones de la Iglesia, excepto los templos, sean utilizadas para un plebiscito simbólico que prevé realizar la oposición el 16 de julio para rechazar la Constituyente. Santuarios donde las urnas serán protegidas aunque, en otras ocasiones, las iglesias han sido atacadas.

Maduro, acosado desde hace tres meses por protestas que dejan 91 muertos, y otros altos funcionarios gubernamentales acusan a la jerarquía católica venezolana de actuar como “un partido político opositor” y de ignorar los llamados al diálogo del papa Francisco.

Padrón insistió en la apertura de un canal humanitario para que puedan entrar en el país petrolero medicinas y alimentos, y consideró que un auténtico diálogo para resolver la crisis pasa por convocar a “elecciones universales, directas y secretas”.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige en sus protestas comicios generales para anticipar la salida de Maduro del poder.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comenzó una gira por todo el país para hacer campaña por la Asamblea Nacional Constituyente, mientras los cuerpos de seguridad continúan dispersando las protestas en su contra. El mandatario comenzó a armar su artillería para el controvertido proceso en el que se medirán la fuerza del chavismo. Por ello, está utilizando las listas de empleados públicos para presionar a la participación en las elecciones de los miembros de esa asamblea.

La propuesta de Maduro es “agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores, que tengan carnet de la patria y organizar la forma en que van a ir a votar el domingo 30 de julio”. “Al final del día revisen la nómina, si tenemos 15 mil trabajadores deben votar los 15 mil trabajadores”, dijo.

Fiscal no abandonará su cargo, aseguran

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, no dejará su cargo, aun cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicte sentencia en su contra y la destituya el próximo lunes.

Así lo aseguró en declaraciones a ABC su esposo, el diputado -chavista crítico- Germán Ferrer, que explica: “El compromiso que tenemos con el país nos obliga a enfrentar las acciones ilegales del máximo tribunal”.

A la fiscal se le acusa de mentir al no haber firmado el acta de 13 magistrados designados irregularmente en 2015. Ortega argumentó que el único poder que la puede destituir es la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, dijo que se tomaría una decisión en 5 días a partir de la audiencia celebrada el martes pasado en ausencia de la fiscal.

Chavismo busca sabotear consulta

Anuncia un simulacro de votación el mismo día que oposición hace un referéndum sobre la Constituyente; Maduro acusa complot

Redacción / La Razón

El chavismo anunció la celebración de un simulacro de votación para ver la respuesta de cara a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un ensayo convocado para el 16 de julio, el mismo día en que la oposición hará una consulta popular sobre el Gobierno y el proceso para modificar la Constitución.

El simulacro oficialista servirá para “ensayar el voto y de esa manera garantizar que la gente vaya con seguridad a escoger sus constituyentes“, informó en Twitter el gobernador de Nueva Esparta, el chavista Carlos Mata Figueroa.

Los opositores anunciaron el pasado lunes 3 de julio, la celebración de un referendo para consultar a las personas si están de acuerdo con que se cambie la Constitución, si apoya un proceso para renovar los poderes públicos, y la celebración de elecciones para el cambio de Gobierno.

Horas después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer un supuesto complot para impedir la elección de la Asamblea Constituyente que propuso para reformar la Carta Magna, por lo que pidió a los militares ser “leales siempre”.

“Leales siempre, traidores nunca”, dijo Maduro en un acto de graduación de la Academia Militar en el que habló de supuestos intentos para impedir la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente el 30 de julio próximo.

“Próximamente haré anuncios muy contundentes en los logros obtenidos en el combate contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo.

También pidió a la Fuerza Armada a permanecer alerta y vigilante para derrotar a “quienes atenten contra la paz y la estabilidad del país”.

“Le digo a todos los oficiales: máxima vigilancia, alerta y lealtad para derrotar el intento de complot contra la paz del país, que pretendían impedir la realización de las elecciones del 30 de julio”, dijo.

En el acto, destacó la presencia de la vicefiscal Katherine Harrington, quien fue designada para el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rechazada por la fiscal general, Luisa Ortega.