La ONU responsabiliza a Ortega de represión, violencia, ejecuciones…

El gobierno de Nicaragua aplicó medidas para la represión que se extendieron de las calles a los tribunales, con cerca de 300 imputaciones arbitrarias, durante los cuatro meses de protestas contra Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega para detener la persecución de los manifestantes y desarmar a los civiles enmascarados.

Más de 300 personas murieron desde mediados de abril una consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica, se han unido millares de peticiones de asilo de personas que huyen del país.

El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas advirtió que si Ortega no libera a los manifestantes detenidos y cesa la represión le espera un futuro igual al de Venezuela.

“El informe es improcedente, fue parcializado, sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al gobierno”

Daniel Ortega

Presidente de Nicaragua

“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han dejado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.

El máximo responsable de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo que la represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras que el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis real en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.

[caption id="attachment_791835" align="alignright" width="218"] Gráfico: La Razón de México[/caption]

El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe, que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al gobierno de Daniel Ortega.

Además, señaló que la misión del organismo no fue invitada para hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos por lo que el contenido del informe es el resultado de un trabajo que se ha extralimitado en los alcances y que incluso violenta la soberanía nicaragüense.

“El informe fue parcializado y sometido a afirmaciones subjetivas”, dijo que el gobierno de Ortega en un comunicado en el que denunció que en el documento no se hizo ninguna referencia al intento de golpe del Estado del que, afirma, ha sido víctima por parte de “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.

El presidente nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.

A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.

Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó una fuerza civil fuerte que trabaja con la policía para despejar las barricadas levantadas en carreteras estratégicas y en algunos vecindarios.

Hubo un breve diálogo entre el gobierno y los opositores pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para dar un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a los agentes internacionales y los enemigos internos de conspirar para derrocarlo y dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura, en 2021.

Las protestas siguen pero son más pequeñas y los líderes estudiantiles son detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.

“En la actualidad no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.

El equipo de la ONU logró sus conclusiones a pesar de que no se puede acceder a las agencias gubernamentales pertinentes ni acudir a los observadores que están a favor de su participación en las protestas.

Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan dónde están retenidos.

The Associated Press informó que este mes de estudiantes que participaron en las investigaciones fueron detenidos, golpeados y torturados por policías y civiles armados, entre las víctimas agredidas está una alumna embarazada.

Culpan a líderes estudiantiles de terrorismo

La Policía Nacional acusó de varios delitos, entre ellos terrorismo, a los líderes universitarios detenidos el pasado sábado, cuando participaban en una protesta.

Byron Estrada, Luis Muñoz y Nahiroby Olivas, integrantes del Movimiento 19 de Abril, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando, de la Coordinadora Universitaria por la Justicia, y Juan Pablo Alvarado, poblador de León, son los nombres de los acusados. Los jóvenes enfrentan cargos de homicidio, secuestro, robo, amenazas de muerte y terrorismo.

Según la Policía, los estudiantes incendiaron un centro de la Universidad Nacional, el pasado 20 de abril, donde resultó calcinado un joven.

Familiares de los estudiantes denunciaron a medios de comunicación independientes, que la Policía Nacional realizó una detención ilegal en contra de los jóvenes.

La noche del sábado, los pobladores de León realizaron un plantón frente a la estación policial para exigir la libertad de los estudiantes, fueron agredidos por simpatizantes del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoyados por la Policía.