La policía chilena busca pruebas contra los sacerdotes

La policía chilena allanó ayer las oficinas de la Conferencia Episcopal de Chile y de la congregación Hermanos Maristas, en busca de información sobre las denuncias de abusos sexuales que sacuden a la Iglesia católica local.

La primera diligencia —que se extendió por cerca de dos horas— se llevó a cabo en las oficinas centrales de la Conferencia Episcopal en el centro de Santiago. “Estamos recabando y complementando antecedentes que ya habíamos recibido, particularmente para la identificación de víctimas que han formulado denuncias por abusos de distinto tipo, particularmente de connotación y carácter sexual”, relató a periodistas Raúl Guzmán, fiscal regional metropolitano sur.

“Los antecedentes muestran relación con hechos que estamos investigando que pueden ser constitutivos de delitos, y eso involucra tanto a víctimas como eventuales imputados”, agregó el fiscal.

Tras el operativo, el funcionario se trasladó hasta la sede de la Congregación de los Hermanos Maristas, en la céntrica comuna de Providencia, en Santiago, para comandar el allanamiento judicial realizado también en este lugar.

El Dato: La Congregación Marista es investigada por varias denuncias de abusos sexuales en contra de menores en los colegios.

La Congregación Marista es investigada por varias denuncias de abusos sexuales en contra de menores en los colegios que administran en Chile. El Vaticano decretó recientemente la expulsión del religioso marista Abel Pérez, quien confesó haber abusado sexualmente a 14 menores en dos de los colegios de la congregación en Chile, desde la década de los setenta.

Pérez, de origen español, admitió los abusos en 2010, pero los maristas decidieron denunciar los hechos a las autoridades recién siete años después, luego de que dos de las víctimas revelaran los ataques. El religioso se encontraría actualmente en Perú.

Durante la semana pasada, la Policía chilena allanó las oficinas del obispado castrense, a cargo de los servicios religiosos a las Fuerzas Armadas.

Entre junio y julio se ordenaron redadas en distintas oficinas religiosas en Rancagua y Santiago, en el comienzo de una investigación que busca determinar si hubo encubrimiento de abusos.