Macron gana otra: pasa su ley anticorrupción

Emmanuel Macron volvió a ganar, esta vez en el terreno legislativo. El joven mandatario francés consiguió la aprobación de su ley anticorrupción en la Asamblea Nacional, en pleno receso legislativo. Los Republicanos y la Nueva Izquierda, el grupo del Partido Socialista, lograron movilizar a sus tropas para que se trasladasen a París de nuevo y acudieran a la votación que terminó con 412 votos a favor y 74 en contra.

Como punto clave, la ley, que debe ser aún revisada en Consejo de Ministros y ratificada, posiblemente a finales de septiembre, acaba con la posibilidad de emplear a familiares, una discusión que propició el escándalo de François Fillon tras conocerse que el candidato había empleado de forma ficticia durante años a su mujer por un trabajo que no había realmente realizado pero que le había embolsado cerca de un millón de euros. El caso le costó la presidencia.

En líneas generales, el texto pretende terminar con prácticas de clientelismo y nepotismo, habituales en ciertas esferas de la política francesa.

La reserva parlamentaria, un fondo de unos 145 millones de dólares de los que disponen los parlamentarios para distribuir entre asociaciones y comunes, queda suprimido para acabar con usos a menudo “arbitrarios”, como denunciaba La República en Marcha.

A partir de ahora habrá también un control más exhaustivo en cuanto al pago de los gastos de los diputados, y corresponderá a cada cámara decidir cómo devolver lo que gasten sus miembros: bien por carga directa, mediante justificativos o adelantando el dinero.

La ley quiere endurecer también las formas de privatización de partidos políticos, impidiendo los préstamos de bancos no europeos y creando el llamado “banco de la democracia” que podrá “en caso probado de fallo del mercado”, conceder a los candidatos, partidos o grupos políticos préstamos para que puedan financiar sus campañas electorales.

A partir de ahora, los condenados por fraude o corrupción no podrán ser elegidos durante un período de al menos 10 años y se impedirá también que los diputados compaginen su actividad en el cargo público con puestos como consejeros para evitar el peligroso posible conflicto de intereses.

El texto fue en su mayor parte preparado por el exministro de justicia François Bayrou, aliado electoral de Macron, que tuvo que renunciar al cargo tras conocerse que su partido había hecho uso también de empleos ficticios en el Parlamento Europeo.