Maduro impide a sus ciudadanos abandonar el país

La distancia que separa a Venezuela de las fronterizas islas de Aruba, Curazao y Bonaire es mínima. Unos 100 kilómetros o mucho menos, dependiendo del punto de partida y de llegada. Un vuelo desde el estado Falcón, en el occidente de Venezuela, hasta Aruba puede durar menos de 10 minutos.

Esa cercanía ha convertido a las Antillas holandesas en una ruta de escape ideal para los venezolanos que no pueden pagar un boleto aéreo hasta países más lejanos. No todos se quedan, la mayoría usa el territorio holandés como zona de paso para radicarse en otros países. Ayer esta vía fue cerrada indefinidamente por el régimen de Nicolás Maduro, que ayer extendió el cierre de las comunicaciones aéreas y marítimas con las islas caribeñas, que inicialmente se había acordado por 72 horas desde el pasado viernes.

El Dato: El 5 de enero Maduro anunció que la suspensión de la actividad comercial con ambos países duraría 72 horas y llamó al canciller Jorge Arreaza a reunirse con diplomáticos de esas islas.

El vicepresidente, Tareck El Aissami, indicó en Twitter la madrugada de ayer que el mandatario Nicolás Maduro ordenó extender la suspensión de las comunicaciones y el intercambio comercial con estas islas hasta que no se realice una reunión de alto nivel con las autoridades del plan de acción para enfrentar las “mafias” que aseguró “contrabandean impunemente” productos venezolanos.

“Se llevan el oro del país de manera ilegal y lo legalizan allá. Se llevan el coltán, se llevan los diamantes, se llevan todos los productos alimenticios”, justificó el pasado viernes el mandatario venezolano.

Venezuela no difunde cifras oficiales de migración, pero su consulado en Aruba calcula que por lo menos tres mil venezolanos viven allí legalmente -un tres por ciento de la población de la isla-, y que por lo menos otros dos mil lo hacen de manera ilegal. En Curazao dos mil venezolanos solicitaron refugio en 2017.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Venezuela, María Carolina Uzcátegui, dijo que la Prensa Asociada que tomaba la decisión de las autoridades generaba más desabastecimiento debido a que muchos de los locales compraban en las islas caribeñas que estaban en el país suramericano agobiado por una fuerte caída de la producción local.

En relación con las denuncias de contrabando de bienes venezolanos hacia las islas del Caribe, los indicadores y los puertos de Venezuela están bajo el resguardo de las fuerzas de seguridad y son responden por la salida ilegal de productos.

La dirigente empresarial también condenó el cierre del tráfico aéreo con Aruba, que se utilizó para muchos venezolanos y turistas para la conexión con otros vuelos internacionales. “Venezuela está cada vez más aislada del mundo”, afirmó Uzcátegui al reconocer que la oferta de vuelos internacionales hacia el país sudamericano se ha reducido de manera considerable.

El gobernante venezolano tomó una medida similar en 2015 y 2016 cuando cerró temporalmente los pasos fronterizos con Colombia para combatir el contrabando.

Desde que el fallecido Hugo Chávez llegó al poder en 1999 cerca del cinco por ciento de los 30 millones de venezolanos ha abandonado el país, calcula el sociólogo Tomás Páez, un experto que ha publicado libros sobre migración. Muchos entonces partieron en desacuerdo con las políticas o la ideología del líder socialista.

Parlamento declara ilegal moneda chavista

La Asamblea Nacional de Venezuela —de mayoría opositora— declaró ayer la ilegalidad de la criptomoneda que lanzó el gobierno y alegó que vulnera la Constitución. La decisión desata una nueva confrontación entre los poderes en medio de la profundización de la crisis económica.

El Congreso aprobó sin la presencia de diputados oficialistas un acuerdo en el que se declaró “nulo” el decreto con el que el presidente Nicolás Maduro creó la criptomoneda petro argumentando que es “violatorio de la Constitución y las leyes”.

Los congresistas opositores señalaron al gobierno de recurrir a la emisión de la criptomoneda para “evitar el control sobre las operaciones de deuda pública” y obtener financiamiento “de forma ilegal”, así como de evadir las presiones que enfrenta el país luego del retraso en los pagos de los intereses de algunos bonos de deuda pública externa en los que ha incurrido en los últimos meses.

Asimismo, los diputados objetaron que el gobierno diera como respaldo del petro las reservas petroleras e indicaron que esa decisión viola un artículo de la Constitución que declara “inalienables e imprescriptibles” los yacimientos mineros y de hidrocarburos.