Maduro se brinca la ley y crea su Parlamento para aprobar gastos

En Caracas

Desde que la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional (AN), el gobierno se ha saltado su control. A lo largo de 2016 ha utilizado los decretos de emergencia para aprobar directamente créditos adicionales, y bajo esa misma vía autorizará el presupuesto y el endeudamiento de 2017, de manera que por primera vez su discusión no llegará al Parlamento.

El presidente Nicolás Maduro indicó que el gasto del próximo año será consultado en el Congreso de la Patria, y detalló que 70 por ciento de los recursos se programará para el área social.

Con esta decisión, Miraflores incumple la Constitución, que en el artículo 313 señala: “El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.

De hecho, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público —que fija las directrices del gasto— indica que antes del 15 de octubre de cada año las autoridades deben consignar el presupuesto ante la AN, así como el tope máximo de endeudamiento de la república, lo cual no se acatará de acuerdo con lo expresado por el mandatario.

El Jefe de Estado a mediados de septiembre aprobó una extensión del decreto de emergencia que le permite avalar directamente el gasto.

Por medio del decreto, Maduro puede tener “una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017”.

El diputado de la Comisión de Finanzas, José Guerra, aseveró: “el presupuesto es una ley que tiene que ser autorizada por la AN, al Congreso de la Patria no lo eligió nadie”.

Maduro aseguró que presentará una asignación, pero en la Asamblea Nacional consideran que, si no se consigna en la fecha prevista, se autorizará un presupuesto reconducido. Eso significa que el gasto de 2017 será igual al de 2016, que se contempló inicialmente en 1.5 billones de bolívares (mil millones de dólares).

El parlamentario afirmó que si el presupuesto no se entrega el 15 de octubre “se reconduce”, tal como lo indica la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, la estrategia del gobierno apunta a buscar otras vías para gastar.

Ya con el primer decreto de emergencia Maduro creó una norma especial para no entregar créditos adicionales a los diputados. El camino fue depositar los recursos no utilizados del pasado año en el Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (Fonden) y ejercer los fondos directamente. Con ese dinero y los ingresos tributarios se han aprobado 1.3 mil millones de dólares en operaciones extraordinarias para cubrir pagos laborales.

Ahora faltan los detalles de cómo se gastará y se endeudará la república. Con la reforma de la Ley de Administración Financiera, las condiciones de los bonos las autoriza el Jefe de Estado, no requieren el visto bueno de la AN.

Tomado de Crónica.Uno

Venezuela, el más corrupto del mundo

entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, cinco son latinoamericanas y rebasan a México —Venezuela a la cabeza, con 1,7; Bolivia, con 2; Brasil y Paraguay, ambos con 2,1 y la República Dominicana, con 2,2—, pero que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el think tank cuya pertenencia marca la frontera entre las naciones industrializadas y las que no lo son.

Un informe del Foro publicado en junio situaba a la corrupción como el problema más importante que debe enfrentar América Latina, según sus líderes políticos y de negocios.

Escándalos como el de Petrobras, en Brasil; las acusaciones vertidas sobre la expresidenta argentina Cristina Fernández, y los sobornos de los que se acusa al exmandatario guatemalteco Otto Pérez-Molina mantuvieron estancada a la región en la comparación de los índices 2014 a 2015.

El caso de México parece, sin embargo, el más alarmante por tratarse de una economía más avanzada.