Sábado 19.09.2020 - 22:35

Maduro tira firmas en 5 estados y deja referendo en terapia intensiva

Maduro tira firmas en 5 estados y deja referendo en terapia intensiva
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Los electores de cinco entidades de Venezuela —Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo y Monagas— no podrán participar en la próxima etapa del referendo, que consiste en la recolección de más de cuatro millones de firmas y huellas dactilares. Tribunales penales anularon el proceso de recaudación de la primera fase (uno por ciento) celebrada en mayo, tras haber admitido una denuncia de presunto fraude.

Así lo aseguraron ayer los gobernadores chavistas Tareck El Aissami, Francisco Rangel Gómez y Francisco Ameliach, a través de mensajes de Twitter. Posteriormente, el primer vicepresidente del partido de Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó en un acto político que los tribunales de todas las regiones gobernadas por el chavismo, habían emulado estas medidas contra el referendo.

Esta medida anula las firmas que entregó la alianza opositora a principios de mayo al Poder Electoral, para cumplir con el requisito que exige la ley de que la solicitud sea apoyada por al menos el uno por ciento de los electores del país.

“El gobierno acaba de matar la única ventana democrática que quedaba”, afirma a La Razón el analista político Nicmer Evans, otrora allegado al chavismo.

“La gente que se había lanzado a saquear y a protestar, producto de la crisis económica, y que estaba contenida porque tenía la esperanza de que el revocatorio se activara, asuma como prioridad la democracia”, predice el experto.

El rector electoral —el Consejo Nacional Electoral (CNE)— emitió un comunicado ayer en el que deja sin validez la convocatoria al último paso antes de activar la consulta en contra de Nicolás Maduro, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos.

El politólogo afirma que el Gobierno pasó de ser un autoritarismo competitivo a un autoritarismo absoluto, al impedirle al pueblo participar en una consulta electoral: “No hay justificación jurídica sino política en función de tratar de cercenar el proceso revocatorio”, concluye.

Juristas advierten ilegalidad

Magistrados penales deben determinar si se cometió un delito y el responsable, alertan expertos; violan ley de la máxima corte

Por Juan Francisco Alonso

mundo@3.80.3.65

En Caracas

Los jueces penales no están facultados para anular procesos electorales ni administrativos de manera colectiva, aseguran juristas venezolanos.

“Los tribunales penales están para determinar si se cometió un delito y quién lo cometió”, apuntó la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, para quien los anuncios hechos por los mandatarios chavistas están incompletos.

“A esta historia le falta un pedazo”, afirmó. Y agregó: “En materia penal, para hablar de fraude o usurpación de identidad es necesario individualizar, saber quién cometió el fraude y cómo y quién usurpó la identidad de quién, no se puede generalizar. El Juez penal una vez que le señalen que una persona X pudo haber usurpado la identidad de otra para firmar, podría invalidar esa firma y actuar contra el responsable, pero no contra los partícipes del proceso, que no cometieron ninguna irregularidad”.

Otro magistrado emérito de la Sala Electoral, quien prefirió mantenerse en el anonimato, apuntó: “Un tribunal penal sólo puede conocer de delitos electorales. No puede tomar ninguna medida contra el proceso electoral en su conjunto, porque eso es competencia de la Sala Electoral”.

El numeral 1 del artículo 27° de la Ley Orgánica del TSJ, establece que es atribución exclusiva de la Sala Electoral “conocer las demandas contencioso-electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento”.

La jurisprudencia del máximo juzgado determina que, aún en el supuesto de que se confirme la comisión de irregularidades en una elección, eso no invalida automáticamente el proceso, pues se debe medir el impacto que ellas tuvieron en el resultado final y evaluar si las mismas lo habrían modificado.