Maduro ‘vuelve cárcel a Venezuela’: impide salir a 22 periodistas

Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional (AN), interpuso una demanda contra tres medios la cual fue admitida por una jueza, que prohibió a 22 periodistas que salgan del país, además de que los obliga a ir al tribunal una vez a la semana. La medida fue considerada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como una muestra de que “el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político”.

Entre los afectados figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla. Sobre la decisión de la magistrada de juicio María Eugenia Núñez, Otero declaró: “La justicia venezolana no existe, la justicia en Venezuela es un instrumento del ejecutivo para criminalizar a la disidencia”.

La orden de restricción fue emitida el martes; sin embargo, hasta ayer los afectados no habían sido citados por el tribunal que les impondría la medida. Las leyes venezolanas estipulan este como uno de los requisitos para considerar válido cualquier juicio.

El mayor accionista de El Nacional recibió la noticia en Miami, Estados Unidos y declaró al canal internacional NTN24: “Aún no se han emitido boletas de citación. Es un asunto completamente irregular”.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, aseguró que con la medida “no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular”.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó: “acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes” que han “desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen del (presidente venezolano) Nicolás Maduro”.

Además, de manera extraoficial, se supo que el presidente de la Asamblea Nacional ratificó su acusación el 28 de abril y que el tribunal la admitió el pasado 5 de mayo. La acción judicial de Cabello se fundamenta en la información por el diario español ABC, a partir de declaraciones de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, quien lo acusó de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas, específicamente de ser uno de los líderes del llamado Cartel de los Soles.

“La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cártel de los Soles, que trafica con cocaína en Venezuela”, recogió la SIP, con sede en Miami.

La demanda fue interpuesta por Cabello el pasado 25 de abril y, de ser halladas culpables, las 22 personas señaladas deberán pagar 300 mil bolívares cada una al presidente de la AN, quien los acusó del cargo de difamación agravada continuada, una figura establecida en el artículo 442 del Código Penal.

La prohibición de salida es parte de las medidas cautelares solicitadas por el grupo de abogados del número dos del chavismo. Los abogados acusadores casualmente son ex fiscales del gobierno: Daniel Medina y Alejandro Castillo, con la inclusión de Ytala Hernández Torres.

Con la decisión se exhibe una vez más la presión que mantiene el régimen contra aquellos miembros que critiquen a su gobierno. TalCual, de Teodoro Petkoff, ha sido multado en reiteradas ocasiones y desde 2014 tiene prohibida la salida del país. Fue por ello que el pasado 6 de mayo no pudo viajar a España para recibir el premio Ortega y Gasset que le entregó el diario El País por su trayectoria.

“La acusación contra directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual es un golpe mortal contra la libertad de expresión y los principios del derecho penal consagrado en la Constitución y en leyes penales”, opinó el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez

El defensor expresó: “Regresamos a la etapa más oscurantista de la persecución penal, en la cual ni siquiera se castiga por sospechas o falsas acusaciones, sino por la atribución arbitraria de un hecho con el cual no se tiene relación alguna. Se trata de la arbitrariedad hecha ley”.

En su editorial, el diario español El País cuestionó las agresiones a la libertad de expresión por parte del gobierno venezolano: “Las constantes amenazas del presidente y sus colaboradores contra periodistas y medios que se atreven a criticar la deriva de un régimen que está sumiendo a Venezuela en la miseria hacen poco creíble que la decisión adoptada por un juzgado de Caracas sea fruto de la reflexión independiente de un poder Ejecutivo”.

El texto de opinión concluyó: “Maduro sabe de sobra que matando al mensajero no se elimina al mensaje. Venezuela vive una situación desastrosa. Acosar a los periodistas no es la solución”.

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Reo en prisión subterránea de Maduro trató de matarse

Lorent saleh está preso desde el 6 de septiembre de 2014; lo recluyen en “la Tumba” donde denunciaron abusos y torturas

Redacción La Razón

Los tormentos y abusos a los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) somete a los presos en la Tumba, la cárcel subterránea que tiene el régimen de Nicolás Maduro, llevó al exlíder estudiantil Lorent Saleh a tratar de quitarse la vida el pasado 20 de abril.

En entrevista con la cadena de noticias NTN24, el abogado Joel García informó que tras el intento de suicidio solicitaron al tribunal que Saleh y Gabriel Valles, otro de los jóvenes detenidos, fueran evaluados por psiquiatras debido a su estado mental, pero aún no han recibido respuesta.

Saleh está acusado por presuntos delitos de falsificación de documentos, conspiración a la rebelión, intimidación al orden público, entre otros. El joven está preso desde el 6 de septiembre de 2014 en la prisión bajo tierra donde el régimen de Maduro tortura a presos políticos. En esas siete celdas subterráneas del Sebin, según denuncia la oposición, se atormenta a los dirigentes y estudiantes detenidos.

El estudiante fue entregado a funcionarios adscriptos al Servicio Bolivariano de Inteligencia en San Cristóbal, estado Táchira y frontera con Colombia, y a la oficina de Migración de la entidad tachirense en calidad de deportado por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ésta no es la primera detención que sufre el joven. En 2013, Saleh se disponía a viajar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde se reuniría con organizaciones no gubernamentales, cuando se le impidió abandonar el país.

El pasado 13 de marzo se informó que Rodolfo Pedro González Martínez, de 64 años, conocido como el Aviador, fue hallado muerto en su celda en las dependencias Sebin, donde se encontraba recluido desde el pasado mes de abril, cuando fue detenido en relación con las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con los diarios El Nacional y La Verdad, González se habría suicidado tras haber sido informado de que este viernes sería trasladado a la prisión de Yare. Según el primero de estos periódicos, la noticia del traslado se la habría dado este jueves la propia ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.

González, piloto de profesión, había sido detenido el 26 de abril pasado tras ser denunciado por un “patriota cooperante” que le acusó de ser líder de las manifestaciones contra el gobierno.