Merkel frena ayudas a 457 mil migrantes

En Berlín, Alemania

Tras estudiar Biología en Madrid, Irene llegó a Berlín con la ilusión y el convencimiento de que en el país al que muchos ven como el antagonismo de la crisis podría desarrollar su carrera profesional.

Sin embargo, tras unos meses en los que sólo pudo ir encadenando breves empleos de baja categoría, la joven al borde del sustento económico y ya consciente de que por el momento, o nunca, encontraría un trabajo relacionado con su especialidad, decidió solicitar el “Hartz IV”.

En Alemania, ésta es ya casi una palabra con derecho propio que alude a Peter Hartz, en su día asesor del excanciller Gerhard Schröder y que pasó a la historia alemana no sólo por ser condenado por sobornar a líderes sindicales, sino también por crear una polémica prestación que incluye el pago del alquiler, el seguro médico y una paga mensual que no llega a los 400 euros.

Desde entonces, el “Hartz IV” se concede a todas aquellas personas que, estando en edad de trabajar, no tienen ingresos que superen la cantidad considerada como mínima para poder satisfacer las principales necesidades.

Gracias a esta asistencia social, Irene ha podido sobrevivir y como ella otros 17 mil españoles que en la actualidad reciben esta prestación. Todos ellos, junto con aquellos que cobran el paro y los más de 440 mil beneficiarios procedentes de otros Estados de la Unión Europea podrían ver peligrar estas ayudas.

¿La razón? El proyecto de ley que aprobó ayer el gobierno alemán y que limitará el acceso a estas ayudas sociales a los ciudadanos de la UE que se encuentren en el país sin trabajar. La norma establece una estancia mínima de cinco años en Alemania para los que quieran solicitar una ayuda a la que sí tienen derecho todos los desempleados alemanes.

Según la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, la socialdemócrata Andrea Nahles, “para quienes nunca hayan trabajado aquí y dependan para subsistir de la ayuda financiera del Estado, rige un principio: deben pedir esas prestaciones en sus países”.

Los ciudadanos europeos están en el punto de mira de esta ley, que quiere poner fin al llamado “turismo del bienestar”, pero sobre todo aquellos de países europeos con un menor nivel de vida, como rumanos o búlgaros.

Nahles ya avanzó estos planes a finales del año pasado y en los últimos meses se han sucedido las negociaciones en el seno de la Gran Coalición.

Ahora, con el proyecto de ley aprobado también se han activado las alarmas entre las organizaciones de derechos civiles y humanitarias.

click para ver gráfico