Jueves 9.07.2020 - 02:36

“Mi esposa se quedo del otro lado de la frontera con los hijos”

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
Por:

Foto AP

Los colombianos José Luis Avendaño y su esposa se casaron hace un año en Venezuela. Llevaban 16 años viviendo en ese país y han criado juntos a cinco hijos. Hace una semana, una orden de deportación arbitraria dividió a la familia: él se fue hacia un albergue y ella se quedó con los niños.

“Ella es colombiana también. (Pero) tiene cinco hijos venezolanos, por eso está allá. Ya no quiere salir a la calle, porque iban a agarrarla… está viviendo escondida”, relató a la cadena BBC.

Avendaño es uno de los 5 mil 348 colombianos que regresaron a su país

de origen.

De esa cifra, 4 mil 260 se fueron por su voluntad, con miedo a ser expulsados con violencia y perder su patrimonio, mientras que otros mil 88 fueron deportados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó el pasado 21 de agosto un estado de excepción en la frontera, e inició una serie de expulsiones contra los extranjeros en su territorio.

“Colombia se ha convertido en una exportadora neta de pobres que huyen de la miseria y de la guerra, de los descuartizadores paramilitares de Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

A juicio del mandatario sudamericano, Venezuela es la única trinchera de paz que le queda a Colombia.

“Me levanté a las 7 de la mañana. Estaba cepillándome cuando me llegó la ley, la Guardia (Nacional)”, cuenta Avendaño.

Le preguntaron si era venezolano o colombiano. “Yo les dije que era colombiano; y de una me dijeron que tenía que desocupar”, dijo José Luis.

“Y me pusieron la letra de demoler en el ranchito (mi casa). Me sacaron y yo me tuve que venir con lo que traía puesto”, cuenta.

Después de que las personas salen de sus casas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) marca con una letra ‘D’ los inmuebles, como una clave para indicar que será demolido, y con una ‘R’ las que serán revisadas.

“Lo preocupante es que los allanamientos de los uniformados contra la vivienda de los civiles tenían la marca de lo que ocurrió en el pasado en Ruanda o la marcación de las casas de los nazis contra los judíos”, dijo al periódico argentino Clarín el diputado venezolano Walter Márquez.

Tal es el caso de Jéssica Jácome, cuya casa también fue marcada. Ella aseguró que la humillación y el abuso son iguales para todos los que salen.

“Con una máquina están tumbando las casas, no les importa si es un rancho o si es una casa con material, hasta la iglesia la tumbaron”, declaró.

Pero antes de la demolición de las viviendas, la policía de Maduro se lleva todo lo que encuentra de valor.

“Se llevan las cosas de valor, se llevan las motos, los televisores; mi computador se lo llevaron, todo lo de valor se lo llevan”, denunció Jessica.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá hoy para considerar la solicitud del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que se convoque a una reunión de consulta de cancilleres a fin de discutir la situación generada a mediados de este mes.

La CIDH condena abusos y violencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a Venezuela garantizar la integridad y los derechos mínimos a los colombianos que son deportados.

“La comisión toma nota del pronunciamiento hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, solicitando que Venezuela respete la integridad y los derechos humanos de las personas colombianas de conformidad con las normas internacionales vigentes”, señaló un comunicado del organismo.

El Estado venezolano debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de redadas migratorias, sostuvo el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH reiteró que, de conformidad con las normas y estándares internacionales, se les deben respetar garantías mínimas, como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente.

Venezuela tiene “un deber de respetar todos los derechos de las personas inmigrantes, incluyendo su derecho a vivir libres de discriminación y de toda forma de violencia, a su integridad personal, unidad familiar y propiedad”.