Ortega mete en mazmorras a al menos dos mil por disentir

Una estudiante universitaria de 21 años, con casi dos meses de embarazo, intentaba escapar de Nicaragua con su novio, pero un policía en motocicleta les cerró el paso cuando subían a un taxi junto con otros estudiantes para resguardarse. Los rodearon cinco camionetas policiales con hombres armados y enmascarados vestidos de civil. Policías uniformados comenzaron a revisar las mochilas de los estudiantes. Uno de ellos sacó una bandera nicaragüense azul y blanca.

El dato: Los disturbios comenzaron en abril cuando el presidente impuso recortes a la seguridad social.

“¡Estos son los terroristas que mataron a nuestros compañeros policías!”, gritó el agente, usando el término con el cual el presidente Daniel Ortega se refiere a quienes han protestado contra su gobierno desde abril. La joven pareja y sus amigos se sumaron a los más de dos mil arrestados en Nicaragua en casi cuatro meses de protestas y represión oficial. El Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, una organización no gubernamental estima que siguen detenidos en cárceles, prisiones y comisarías al menos 400 presos políticos.

Algunos de los detenidos permanecen incomunicados por días o semanas, interrogados brutalmente para que revelen nombres y amenazados con cargos de terrorismo antes de ser dejados en libertad sin explicaciones, en momentos en que el gobierno de Ortega trata de aplastar la resistencia.

“Yo recibí golpes en la cara, cachetadas, me machucaron los dedos de la mano, y bastantes golpes en las costillas y en el estómago”, dijo la estudiante embarazada. “Cuando estaba en el suelo (me atacaron) con patadas”, detalló.

La joven de la Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua era una de casi 200 estudiantes que se atrincheraron en el campus en Managua, pero fueron expulsados a mediados de julio por paramilitares en un intenso tiroteo que mató a dos personas.

Poco después de su arresto, ella y otros fueron llevados a un centro policial de procesamiento y colocados en fila con las manos tras el cuello.

“Yo les dije a ellos que estaba embarazada”, dijo. ‘Ah,’ dice, ‘qué bueno, tenemos una embarazada’”. “Vino uno de los paramilitares y me golpeó el estómago. ‘Ahora te lo vamos a sacar’, me dice. ‘Y te lo vas a comer vivo’, amagó”. En ese momento, rogó en silencio por ayuda divina.

Los hombres y las mujeres fueron separados e interrogados individualmente. Los hombres fueron desnudados.

Cuando finalmente los dejaron en libertad, les advirtieron que desapareciesen o serían acusados de terrorismo. Al día siguiente ella fue al hospital, donde un médico le dijo que no podían hacer nada. “Me dijeron que estuviera preparada para la noticia”, dijo. “Yo perdí mi bebé”, agregó.

Un estudiante de gestión de empresas dijo que le dieron puñetazos en el estómago y patadas en los testículos. “Me hicieron escupir sangre”, dijo.

Cuando intentaba quitarse el aro que tenía en una ceja, un policía se lo arrancó y le quemaron un tatuaje que tenía en el hombro con un cigarrillo. “Decían que nos iban a violar. Decían que iban a violar a las muchachas”, dijo.

Los interrogatorios estuvieron a cargo de la policía y civiles enmascarados a los que llamaban paramilitares.

Las preguntas eran siempre las mismas: ¿quiénes eran los líderes estudiantiles? ¿qué partido político financiaba su movimiento? ¿cuánto le estaban pagando? ¿qué armas tenían?

“En este momento Nicaragua, sin exageraciones, es una cárcel”, aseguró Vilma Núñez, presidenta del Centro de Derechos Humanos y vicepresidenta de la Corte Suprema durante el primer gobierno sandinista de Ortega en 1979. Añadió que la búsqueda sistemática de los participantes en las protestas por el gobierno es una “cacería humana”.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó que su equipo de monitoreo en Nicaragua encontró que “las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia”.

Iglesia lamenta homicidios

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes lamentó ayer las dos últimas muertas ocurridas en el marco de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras una semana sin víctimas.

“Verdaderamente es triste porque durante la semana miraba cómo iba superando esto (los muertos)”, aseguró Brenes, también arzobispo de Managua, tras oficiar una misa.

El sacerdote condenó el asesinato de un hombre identificado como Lenin Mendiola, quien murió mientras se realizaba una marcha por la libertad de los “reos políticos” en el municipio de Matagalpa.

También la de Darwin Ezequiel Rostrán Polanco, un hombre señalado como supuesto asesino de tres agentes de seguridad en junio pasado y que, según la versión policial, murió en un tiroteo con agentes del orden en Mulukukú, al norte de Nicaragua.

“Un nicaragüense que fallezca, sea de la tendencia que sea, siempre es un dolor para Nicaragua y eso es condenable”, señaló el cardenal Brenes.

Asimismo, exhortó a los medios nicaragüenses a difundir mensajes que digan: “¡qué un nicaragüense más no sea asesinado!”. Además, lamentó “la cantidad de personas que están todavía en las cárceles” por manifestarse en contra del gobierno.