Paramilitares fieles a Ortega se cobran servicios con tierras, fábricas...

Al menos nueve departamentos de Nicaragua registran invasiones ilegales a la propiedad privada, en su mayoría tierras de producción agrícola y pecuarias, según el reporte de la Unión de Productores de ese país (Upanic), que calcula en 4 mil 501 hectáreas que, en suma, han sido tomadas a sus agremiados, por parte del Frente Sandinista, partido del presidente Daniel Ortega.

“Nos reportaron una finca de aguacates de 40 manzanas con toda la producción ya lista y se calcula en unos 20 mil dólares (el costo de las afectaciones) solo en esa área”, informó la Upanic, al precisar que además del perjuicio ocasionado por la invasión, está el daño provocado a las instalaciones.

En el caso de los productores, señala, “tenían las bodegas con insumos para todo el ciclo agrícola y todas esas bodegas han sido saqueadas”.

A esos daños se les suman los de infraestructura, motores de riego, bodegas, maquinaria y tractores. “Es un daño considerable”, agrega.

La oleada de invasiones, indicó la organización de productores, inició en mayo pasado, casi un mes después de iniciada la crisis sociopolítica en Nicaragua. En un principio, el fenómeno afectó a 10 propiedades de sus agremiados, entre ellos la su presidente, Michael Healy, uno de los personajes que públicamente increpó al gobierno y solicitó la renuncia del presidente Daniel Ortega.

De acuerdo con el testimonio de Griselda Quintanilla, administrativa en una fábrica chilena de procesamiento de alimentos para camarón, en la localidad de Chinandega, unas 200 personas invadieron el terreno donde está la empresa y amenazaron a sus vigilantes.

“Nos dijeron que nosotros ya no teníamos nada, que todo les pertenecía y empezaron a desbaratarla con machetes, con mazos”.

Las bodegas de esa fábrica fueron usadas como casas por los invasores y la nave donde estaba la maquinaria para procesar alimentos fue desmantelada y vendida a chatarreras.

[caption id="attachment_787934" align="aligncenter" width="597"] Gráfico: La Razón de México[/caption]

CON FACTURA A LA INVERSIÓN LOCAL Y EXTRANJERA. Las invasiones sandinistas no sólo afectan a nicaragüenses sino a las inversiones de empresarios mexicanos, estadounidenses, sudamericanos y europeos.

Miembros del Frente Sandinista ya arrasaron con tierras frutales, forestales, industriales y otras donde se proyectaban unidades habitacionales.

Las propiedades agrícolas ocupadas son altamente productivas, sobre todo las ubicadas en Rivas y Chinandega. Entre éstas se cuenta una parcela de cultivo de maracuyá de capital suizo. que pretendía procesar jugos y concentrados, también puré de banano y pulpa de guayaba, para exportarlas a Estados Unidos y Europa.

En Managua, en el sector rural Sabana Grande, han sido ocupados terrenos donde ondea la bandera del Frente Sandinista y a la orilla de la carretera hay personas que colocaron mantas con mensajes a favor del presidente: “Daniel Ortega, tu pueblo te respalda. El comandante se queda”.

Upanic calcula en 16.4 millones de dólares las pérdidas por las invasiones a sus agremiados debido a la destrucción de cultivos, explotación o comercialización ilegal, daños parciales o destrucción total de las infraestructuras y por el financiamiento recibido sin ejecutar y con obligaciones de pago.

En algunos casos, en las propiedades, ya han perforado zanjas para que los invasores instalen agua potable y energía eléctrica.

El Dato: En los años 80, durante el primer gobierno sandinista, el número de expropiaciones alcanzó las 28 mil propiedades a nacionales y extranjeros.

Exigen respeto al derecho privado

En un comunicado, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham) solicitó al gobierno de Daniel Ortega que “tome las medidas necesarias a fin de que las tierras invadidas sean restituidas a sus propietarios y que frene nuevas invasiones”.

La AmCham escribió que estas prácticas, en las que están involucrados miembros del gobernante Frente Sandinista, “vulneran el derecho de la propiedad privada consignada en la Constitución Política de Nicaragua”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró como una “nueva modalidad de represión” la toma de tierras por parte de grupos organizados que ingresan a invadir propiedad privada como una forma de intimidación.

Para el exprocurador Alberto Novoa esta situación responde a la ruptura de Ortega con sus antiguo aliado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“A simple vista observo que cuando se da la fractura de la alianza del gobierno con el Consejo Superior de la Empresa Privada dio como resultado que éste no protegiera a sus antiguos aliados y más aún a aquellos que han sido críticos”.

“La pobreza que el gobierno trataba de paliar con programas salió a flote, y hay otra situación, la mala educación: sectores populares que encuentran una manera de vivir al ocupar terrenos que no son suyos para luego venderlos”.