Por sobornos en Petrobras investigan en Argentina, Venezuela, Chile, Panamá...
La imperante corrupción en la paraestatal Petrobras se extiende al extranjero.
Transparencia Internacional (TI) anunció que investigará las ramificaciones del escándalo de sobornos y desvío de recursos en siete países de América Latina: Argentina, Chile, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.
La organización no gubernamental, con sede en Alemania y cuyo objetivo es combatir la corrupción, centrará su investigación en las compañías constructoras brasileñas.
Ello a fin de dilucidar si éstas, que se sitúan en el corazón de la trama de desvío de cientos de millones de dólares de la petrolera brasileña Petrobras, llevan a cabo las mismas prácticas en otros países de
la región.
“El escándalo de corrupción en torno a Petrobras es uno de los mayores que hemos visto en la región, no sólo por las cantidades de dinero involucradas y los vínculos entre las élites política y empresarial, sino también por el daño que este sistema corrupto hizo a toda la sociedad brasileña”, señaló en un comunicado Alejandro Salas, director regional de la organización en América.
La organización, que asegura pondrá toda la información que encuentre al servicio de la justicia, cuestiona en un comunicado que “por ejemplo, en Venezuela cuatro compañías investigadas en Brasil recibieron más de 30 contratos gubernamentales en los últimos años”.
“Una investigación preliminar de Transparencia Internacional refleja contratos atrasados, cuentas opacas y sospechas de influencia política en el otorgamiento de contratos por valor de millones”, señala TI.
La Operación Lava Jato, lanzada en abril de 2014 por la policía, trastocó la vida política de Brasil, donde medio centenar de políticos están siendo investigados o fueron imputados, mientras las mayores constructoras del país enfrentan cargos de la justicia por corrupción en la licitación de servicios y obras para Petrobras.
En total los desvíos alcanzan 841 millones de dólares en un periodo de diez años. Esto impactó la economía y vida política del país.
Incluso, la recesión que afecta actualmente al otrora llamado gigante sudamericano, y que debe provocar una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 2.0 por ciento este año- se extenderá a 2016, debido al empeoramiento de los indicadores económicos.
En el boletín Focus, que semanalmente analiza la economía brasileña, expertos de instituciones financieras rebajaron de nuevo sus previsiones económicas: este año el desempeño económico se contraerá un 2.01 por ciento y el próximo un 0.15 por ciento.
La desaceleración de la actividad industrial y del consumo, así como el aumento de la inflación y el desempleo son los factores que determinan estos negativos resultados económicos que no cesan de empeorar, de acuerdo con los expertos.
En 2015 se espera que la inflación se sitúe en el 9.32 por ciento, muy por encima del 6.5 por ciento de techo máximo establecido por el gobierno de Dilma Rousseff y en el próximo año la inflación debería alcanzar el 5.44 por ciento.
La profunda desaceleración de la séptima mayor economía del planeta ya comenzó a impactar al empleo y los datos de desempleo crecieron hasta situarse en junio en el 6.9 por ciento, el nivel más alto para ese mes desde 2010, según datos oficiales.
La crisis política derivada de los escándalos por la corrupción en la petrolera Petrobras y por la falta de apoyos políticos a Rousseff en el Poder Legislativo (además de las tres manifestaciones nacionales para pedir su dimisión) son también elementos que tomaron en cuenta los analistas financieros.
Actualmente, con únicamente siete por ciento de popularidad nacional, Dilma es la funcionaria peor evaluada en
25 años.
Este caso apunta a las altas esferas de la política izquierdista del país.
En julio pasado, la Fiscalía de Brasil inició las investigaciones correspondientes contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por presunto tráfico de influencias que involucran concesiones especiales que favorecían a la constructora Odebrecht.
Una funcionaria de prensa de la Fiscalía federal sudamericana informó que existe evidencia suficiente para abrir las pesquisas por los supuestos esfuerzos realizados por Da Silva para favorecer los negocios en el extranjero de la mayor empresa constructora de Brasil, utilizando su posición como presidente.
Y se desata violencia en Sao Paulo
Las autoridades de Brasil investigan la matanza que dejó 18 muertos la noche del jueves de la semana pasada en la periferia de Sao Paolo, en la cual policías y guardias civiles son los principales sospechosos.
Ayer, agentes responsables de las pesquisas afirmaron que al menos diez personas participaron en la masacre, quienes a bordo de vehículos y motocicletas, asesinaron a quemarropa a las víctimas en Osasco y en Barueri.
Entre los presuntos involucrados, están tanto policías de Osasco como guardias civiles municipales de Barueri. Por ahora no se reveló la identidad de ninguno de los sospechosos.
Ayer, comenzaron a comparecer en calidad de testigos un total de 32 policías “que trabajaban en Osasco y Barueri la noche del jueves”, informó la secretaría de Seguridad.
Las autoridades de Sao Paulo establecieron el mismo viernes que policías estaban bajo sospecha y esa hipótesis no ha sido modificada hasta ahora.
Según esa interpretación, las ejecuciones serían una venganza por las muertes anteriores de un policía y un guardia civil.
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La paraestatal debe 1.6 mmdd en multas
Tan sólo en EU, la firma está ligada con investigaciones criminales; se trata de la suma más alta contra
un caso que vincula a empresarios
Redacción La Razón
Las multas que debe la paraestatal brasileña Petrobras alcanzan los mil 600 millones de dólares, tan sólo en Estados Unidos. Esto “para resolver investigaciones criminales y civiles sobre su papel en un escándalo de corrupción”.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, de confirmarse las penalizaciones, serían las mayores sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses contra un caso de corrupción que apunta a empresarios.
Hasta el momento, la penalizaciónde mayor denominación es la pagada por la compañía alemana Siemens, ligada al caso.
Luego de un acuerdo de 2008 con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de la Unión Americana, la empresa germana desembolsó 800 millones de dólares en Estados Unidos y otros 800 millones de dólares en Alemania por su responsabilidad en una trama
de sobornos.
Hasta el momento, Petrobras no ha iniciado las conversaciones con las autoridades de Estados Unidos.
En noviembre pasado, la Securities and Exchange Commission (SEC) pidió a la petrolera información sobre las investigaciones de corrupción.
“El Departamento de Justicia, que puede presentar cargos criminales, también está investigando a la empresa”, sostuvo la agencia estadounidense.
En febrero pasado, la fiscalía brasileña emitió una sanción económica de más de mil 500 millones de dólares para seis empresas suministradoras de servicios de la petrolera estatal Petrobras, por su presunta implicación en la red de corrupción que desvió 841 millones de dólares hacia empresarios y funcionarios oficialistas.
Esta cantidad, fue reclamada a las compañías Camargo Corrêa, Sanko, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia y Engevix, incluye la devolución de 113 millones de dólares a las arcas de Petrobras, además de otros 342 millones de multa civil y mil 140 millones de dólares por concepto de indemnización por daños morales colectivos.
En ese entonces, las compañías encausadas son seis grandes constructoras de Brasil, algunas con operaciones internacionales en América Latina y África, y están acusadas de participar en un esquema de desvío de fondos y comisiones de Petrobras para partidos políticos, funcionarios y altos cargos de la estatal.
La fiscalía también pidió al juez prohibir a las empresas su participación en licitaciones, y exigió que se imponga un “castigo ejemplar para que pase a ser ventajoso mantenerse alejado de prácticas corruptas”.
Aseguró que la Operación Lava Jato, en la que se enmarca esta macrocausa por el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, se basaba en la complicidad de las empresas para desviar entre 1.0 y 3.0 por ciento de contratos multimillonarios de licitaciones fraudulentas para partidos políticos y ejecutivos.