Putin financia la dictadura de Maduro a cambio de petróleo

Nicolás Maduro entregó a Vladimir Putin el 13 por ciento de la producción diaria de petróleo a cambio de dinero. Así lo da a conocer un informe de Reuters basado en fuentes confidenciales de PDVSA, la estatal petrolera de Venezuela, difundido ayer. Mientras Caracas lucha por contener una crisis económica y protestas callejeras, Moscú está utilizando su posición como prestamista de último recurso para ganar más control sobre las reservas de crudo del país OPEP, las más grandes del planeta.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) negoció en secreto al menos desde principios de este año con su par rusa Rosneft y ofreció participaciones en hasta nueve prolíficos proyectos petroleros, según un alto representante del gobierno venezolano y dos fuentes del sector familiarizadas con las conversaciones, que pidieron mantener su identidad en reserva.

“El presidente Maduro entregó 23.3 por ciento de las acciones, a dedo, a la empresa rusa Rosneft. No explicó cuánto recibió nuestro país por esta operación, sólo se dijo que esta empresa invertirá 500 millones de dólares.

Ahora me pregunto: ¿Cuánto cuesta este paquete accionario de 23.3 por ciento?, esta operación es inadmisible e ilegal”, denunciaba en febrero de 2016 Elías Matta, vicepresidente de la comisión de Energía de la Asamblea Nacional.

La información se corresponde con lo que ayer reportó Reuters. En abril, Rosneft entregó a PDVSA más de mil millones de dólares a cambio de envíos futuros de petróleo. En al menos dos ocasiones, Venezuela ha utilizado el dinero ruso para evitar incumplimientos con tenedores de su deuda, aseguró a la agencia de noticias inglesa un alto funcionario de PDVSA.

La transacción ha rendido frutos a la estatal rusa, la cual se ha posicionado como un intermediario en ventas de petróleo venezolano a clientes en todo el mundo. Gran parte de los barriles terminan en refinerías de Estados Unidos, a pesar de las sanciones estadounidenses contra Rusia, ya que son vendidos a través de firmas especializadas en el comercio de hidrocarburos.

El creciente control de Rusia sobre el petróleo venezolano da un mayor peso en los mercados de energía de América. Rosneft ahora revende cerca de 225 mil barriles por día (bpd) de crudo venezolano –equivalentes al 13 por ciento de las exportaciones totales del país sudamericano–, lo suficiente para satisfacer la demanda diaria de un país como Perú.

La mayor parte del petróleo que Venezuela entrega a Rosneft va al pago de miles de millones de dólares en préstamos que la dictadura de Maduro ya ha gastado. El gobierno socialista de Maduro necesita el dinero ruso para financiar desde pagos de bonos hasta importaciones de alimentos y medicinas en medio de una grave escasez.

Legisladores de oposición venezolana dicen que Rusia se está comportando más como un depredador que como un aliado. “Definitivamente Rosneft ha estado aprovechando la circunstancia. Saben que es un gobierno débil que está urgido de dinero y ellos son tiburones”, afirmó Matta.

Sin embargo, los mandatarios de Rusia y Venezuela se han dado a la tarea de hacer alarde de su amistad. El pasado 29 de noviembre, Maduro aseguró:

“Los triunfos de Putin son nuestros triunfos. Vladímir Putin es para nosotros un símbolo de la lucha por la independencia y un mundo multipolar”. Luego, el 19 de enero pasado, el mandatario venezolano dijo: “Yo admiro al presidente Vladímir Putin, creo que es el líder mundial de la paz. Aprendemos mucho de él”.

Los halagos del chavismo fueron retribuidos por Putin el 10 de julio de este año. “Rechazo los esfuerzos políticos, internos y externos, que desconocen el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, manifestó el zar a Maduro, vía telefónica, en referencia a las protestas antigubernamentales y a la presión internacional para que el chavismo retome el camino de la democracia en su país.

En esa misma conversación, Putin aseguró: “Es admirable el coraje con el que está gobernando el país, con el objetivo de preservar la estabilidad y la paz”.

El régimen de Maduro se ha vuelto más dependiente de Moscú en los últimos dos años, luego de que China redujera los préstamos a Venezuela debido a los retrasos en los pagos y a la corrupción que enfrentan las firmas chinas que operan en el país sudamericano, dijeron dos fuentes de la industria.

Rosneft también está en conversaciones para cambiar su colateral en la refinadora estadounidense Citgo, propiedad de Venezuela, por acciones en campos de gas y petróleo, y productos refinados del país sudamericano.

Pence: Venezuela es una amenaza para EU

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que Venezuela es una amenaza para su país, al tiempo que subrayó que es un lugar de “elección para los narcos”. Asimismo, reiteró que el gobierno estadounidense va a usar todo el poder económico y diplomático para llevar a Venezuela al punto donde recupere la democracia.

“El presidente de Estados Unidos, ha dejado claro que nosotros no estaremos impasibles mientras Venezuela está en una dictadura”, aseguró el político estadounidense durante una entrevista con CNN en Español.

Horas antes, Pence expresó que es necesario el apoyo internacional para que se logre recuperar la democracia en Venezuela. El vicepresidente agradeció la iniciativa del país argentino de condenar el régimen de Maduro. “Les aplaudimos las medidas que el presidente Macri ha tomado para localizar a funcionarios corruptos. También agradecemos que Argentina votó con Brasil, Paraguay y Uruguay a favor de suspender a Venezuela del hemisferio, hasta que se restablezca la democracia en el país”, afirmó.

El funcionario aseguró que una dictadura en Venezuela causaría estragos en todo el hemisferio, por lo que es vital tomar acciones en el asunto. “Mientras que gran parte de Latinoamérica ha viajado por el camino del crecimiento económico, en Venezuela, tristemente, vemos tragedia”, manifestó.

Corte chavista propone elevar condenas por delitos políticos

La pena máxima en Venezuela es de 30 años de prisión y quiere llevarla a 50 años; el presidente del TSJ lleva la petición a la Constituyente

Redacción / La Razón

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, solicitó ayer a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, aumentar el máximo de las penas de prisión para varios delitos, limitadas en la Carta Magna a 30 años.

“Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades”, afirmó el magistrado.

A su juicio, quienes cometan tales faltas “deben cumplir más de 50 años, todo lo cual requiere que se revise el tope constitucional de 30 años, previsto en nuestra Constitución”.

Frente a los más de 500 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, la máxima autoridad del poder judicial también remarcó que la corrupción administrativa “merece el castigo severo de la ley”, para impedir que los “enemigos de la patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países”.

“Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción, y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el Seniat (Hacienda), para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa”, expuso.

El jefe del Poder Judicial solicitó además calificar “el delito de intolerancia ciudadana o delito de odio”, como una falta penal y revisar, asimismo, la efectividad de las leyes vigentes y los sistemas de investigaciones penales.

“Se hace necesaria la revisión exhaustiva de los cuerpos policiales, por eso propongo crear una autoridad única y especial de inspección policial, para que revise todos y cada uno de los ingresos de nuevos integrantes en cualquier cuerpo policial del país”, prosiguió.

Moreno agregó que el Supremo está dispuesto a colaborar con la Constituyente “para una revisión exhaustiva del sistema judicial”.

La Asamblea Nacional Constituyente, integrada sólo por chavistas, ratificó ayer a los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron destituidos por el Parlamento opositor e impugnados por la exfiscal Luisa Ortega.

Se decreta “ratificar en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los magistrados y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de otras medidas que puedan ser adoptadas por esta magna Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, aseguró el constituyente Aristóbulo Istúriz.