Putin impone carcel a ONG incomodas

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El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que otorga a la fiscalía de ese país la autoridad para declarar a organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales como “indeseables” en Rusia y cerrar sus operaciones, además de castigar a sus activistas con multas y prisión.

La ley afecta a organizaciones “que suponen una amenaza para la capacidad de Defensa o la seguridad del Estado o bien al orden público o la salud pública con el fin de defender las bases del orden constitucional, la moral y los derechos e intereses legales de otras personas”.

No obstante, no especifica las causas por las que las asociaciones serán investigadas o sancionadas.

La disposición legal establece que los activistas podrán ser sancionados por la vía penal y administrativa, con multas de hasta 500 mil rublos (10 mil euros) y condenas de dos a seis años de cárcel en caso de reincidencia.

La ley forma parte de una campaña del Kremlin para cercar a la disidencia, intensificada desde que Putin comenzó su tercera legislatura como presidente, en 2012.

Su regreso al cargo se vio acompañado de manifestaciones masivas, a las que Putin acusó de estar organizadas por Estados Unidos. El recelo de Moscú sobre las intenciones occidentales se vio acrecentado ante las tensiones por el papel de Rusia en el conflicto en Ucrania.

La nueva ley rusa permite a los fiscales declarar que una organización es indeseable si supone una amenaza para el orden constitucional ruso, sus defensas o su seguridad.

Leyes aprobadas en los últimos años aumentan la presión sobre las organizaciones no gubernamentales rusas, en especial las que reciben fondos extranjeros. Activistas de derechos temen que la nueva ley pueda utilizarse para endurecer las medidas contra las delegaciones rusas de grupos internacionales, y contra los activistas rusos que trabajan con ellas.

Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la nueva medida, indicó en un comunicado la subportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Marie Harf. El comunicado señaló que la nueva ley es “un nuevo ejemplo de la creciente represión del gobierno ruso sobre las voces independientes, y de las medidas deliberadas para aislar al pueblo ruso del mundo”.

Al respecto, Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron la medida, que consideraron parte de una “represión draconiana en curso que está asfixiando a la sociedad civil”.

Represión a defensores

Grupos de libre expresión, apoyo a la comunidad homosexual y medios de oposición son víctimas de las leyes del país ex soviético.

El 30 de junio de 2013, Putin promulgó una ley que multa la propaganda homosexual (la que define como “propaganda de relaciones no tradicionales”) que se exhibe ante menores de edad.

El mandatario arrestó a 40 personas que se manifestaron contra un fraude electoral, durante las protestas contra su segundo mandato.

Además, el Roskomnadzor es el organismo oficial que controla y vigila la publicación de contenidos y criterios editoriales del país.

Dos años de vigilancia extrema y acoso

Desde el año 2013, el gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició un minucioso rastreo e inspección masiva de las organizaciones no gubernamentales extranjeras que operan en esa nación.

Desde entonces entre las afectadas se encuentran asociaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Transparencia Internacional, que defienden la libre expresión, la libertad de prensa y la lucha de la comunidad gay en ese territorio.

El responsable de la vigilancia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha reiterado que su administración busca poner en orden la actividad de las ONG en el país.

Sin embargo, los defensores de derechos humanos consideraron que esas acciones forman parte de una campaña oficial contra ellos; además sostuvieron que el Kremlin considera el activismo como un asunto de injerencia en los asuntos internos del país.