Régimen chino procesa a 4 activistas anticorrupción

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Las acciones del gobierno de Beijing para combatir los movimientos que cuestionan el enriquecimiento de los príncipes rojos llevó a un nuevo juicio contra cuatro activistas por exigir transparencia a los bienes de la cúpula. El proceso contra Ding Jiaxi, Li Wei, Zhang Baocheng y Yuan Dong se da un día después de la condena a cuatro años de cárcel a Xu Xhiyong, fundador del movimiento Nuevo Ciudadano, quien fue hallado culpable por alterar el orden público.

Aunque el gobierno del presidente Xi Jinping ha enarbolado la bandera anticorrupción como una de sus mayores luchas, las personas que piden cuentas son señaladas de perturbar la paz. Ésa es la acusación que pesa sobre los cuatro disidentes, que forman parte del grupo de Xu. La acusación policial los señala de planear, organizar y ejecutar casi una treintena de “actividades políticas callejeras”, tales como mostrar pancartas con leyendas que piden detalles patrimoniales de los líderes rojos.

Además de esos cargos el letrado Ding Jiaxi está imputado por “la organización y coordinación general”, mientras que Li Wei es señalado por “recoger y diseminar la información”.

El proceso tuvo que ser suspendido porque tanto Ding como Li renunciaron a sus abogados debido a las anomalías del proceso judicial, según declaró Cheng Hai, uno de los defensores, a la agencia Reuters. En una acción similar Zhang Baocheng también despidió a sus dos abogados para mostrar su rechazo al tribunal, describe el diario español ABC.

Con esta medida se aplaza el juicio por 15 días, mientras los procesados eligen nuevos representantes, y se evita una resolución exprés, como ocurrió con la sentencia a Xu Zhiyong que se dictó cuatro días después de la primera presentación. El tiempo también permite denunciar la persecución que sufren por parte del régimen chino.

La causa contra quienes exigen transparencia es sólo una de las formas de acallar los cuestionamientos de un gobierno que ha encarcelado o puesto bajo vigilancia a sus críticos. Tal es el caso del disidente y premio Sájarov 2008, Hu Jia, quien regresó a su casa después de permanecer detenido 24 horas para ser interrogado por seis policías de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing especializada en Internet, como sospechoso de provocar problemas. El activista continuará bajo el arresto domiciliario al que se encuentra sometido de manera intermitente desde marzo de 2013.

La represión del gobierno de Jinping a sus críticos fue brevemente condenada por representantes de Occidente y grupos defensores de derechos humanos.

Daniel Delk, segundo secretario de la embajada de Estados Unidos en Beijing, denunció: “Estas personas, y su persecución, forman parte del patrón de arrestos y detenciones de abogados, activistas de internet, periodistas, líderes religiosos y otros que desafían las políticas oficiales chinas y sus acciones”. Al igual que la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, pidió la liberación inmediata de los manifestantes, así como levantar restricciones y garantizar libertades civiles y protección.

Está pendiente la condena de un sexto activista que fue procesado también bajo la acusación de perturbar la paz.