Represión de Ortega alcanza a periodistas

Libertad, justicia, paz y amor. Las palabras insistentemente repetidas por el presidente de  Nicaragua , Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, no se aplican a los periodistas internacionales que trabajan en su país, quienes fueron reprimidos y expulsados del barrio indígena de Monimbó, en la localidad de Masaya.

“La represión se está intensificando” contra los periodistas y aunque “estamos expuestos a esta represión, no quiere decir que tengamos que tolerarlo”, dijo el comunicador y catedrático, Guillermo Cortés.

La periodista Adelaide Moncada, vocera de un organismo de derechos humanos, denunció que su casa fue atacada con disparos de morteros por grupos afines al gobierno, mientras ella y su familia han sido amenazados.

El dato:

55 De más de 400 asesinatos han ocurrido en Masaya

195 Homicidios contabiliza el gobierno de Daniel Ortega

El Centro Nicaragüense de Derechos Humamos (Cenidh) solicitó medidas cautelares para periodistas y medios, que han recibido amenazas durante las protestas antigubernamentales, iniciadas el 18 de abril.

Los comunicadores, en estos 100 días de protestas antigubernamentales, “han corrido riesgos, incluso con su propia vida” como fue el caso de Gahona, quien murió el 21 de abril de un disparo en la cabeza, mientras transmitía en vivo una protesta en la ciudad caribeña de Bluefields, dijo Gonzalo Carrión de Cenidh.

“De aquí no pasan, váyanse al parque y graben allí”, ordena el mando policial, sin más argumentos al ser preguntado por qué estaba vetado el paso a la prensa, por una calle de libre circulación y de tránsito habitual para la ciudadanía.

Sin embargo, y pese a los vetos que la prensa continúa sufriendo día a día y los impedimentos continuos para realizar su trabajo, el presidente Ortega y su esposa insisten en que  Nicaragua  recuperó la normalidad, la paz y la libertad, después de que el Gobierno se hiciera con el control de las ciudades que le resultaron más incómodas durante las protestas.

Pero la tan invocada libertad en las palabras del mandatario y la vicepresidenta no se ha hecho aún efectiva para los profesionales que desarrollan su labor en medios de comunicación, especialmente castigados desde que comenzaron las protestas el 18 de abril del año en curso.

Periodistas, fotógrafos y camarógrafos han sufrido en los últimos meses robos, lesiones, registros y retenciones por parte de las fuerzas combinadas gubernamentales, enviadas a las calles por el presidente Ortega.

La tan invocada libertad en las palabras del mandatario y la vicepresidenta, no se ha hecho aún efectiva para los profesionales que desarrollan su labor en medios de comunicación.

La profesión periodística efectuó diversas movilizaciones, para reclamar al Gobierno que permita a los reporteros realizar su trabajo con libertad, para contar lo que pasa en el país, pero el Ejecutivo hace oídos sordos y continúa la presión a los medios.

Desde hace más de tres meses periodistas, médicos, personal sanitario en general o profesionales de la educación, entre otros, sufren en el desempeño de su trabajo la presión que el Gobierno nicaragüense aplica de manera arbitraria.

Nicaragua  atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, cuando también Ortega era su presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa comenzaron el pasado 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social.

Cierra ONG que llevaba conteo de muertes

Un grupo de derechos humanos de Nicaragua, que documentaba los asesinatos durante meses de conflicto político, cerrará sus oficinas debido a las múltiples amenazas de muerte y acoso.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) anunció en un comunicado publicado la noche del sábado que sus oficinas son asediadas por “grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas”.

También se quejó de las “prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización, sin fundamento legal que lo motive” contra sus empleados. No identificó a aquellos que considera responsables.

La ONG dijo que fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos civiles armados aliados, son responsables de la mayoría de las 448 muertes documentadas desde el 19 de abril. El presidente Daniel Ortega niega responsabilidad en los asesinatos, y acusa a quienes exigen que renuncie al puesto de intentar un golpe de Estado.

El gobierno ha reconocido el deceso de 195 personas durante los disturbios, mientras que la Organización de Estados Americanos reportó el jueves un conteo de 317 muertos.