Tortura y desaparición es una política de Maduro, revela ONU
Los abusos y violaciones de derechos humanos, que se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales, apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, concluye el informe publicado ayer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el análisis, que sustenta las denuncias de ONG y líderes opositores, sobre el aumento de la represión.
El dato:
Algunas personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligadas a arrodillarse o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
El estudio realizado por la Oficina del ACNUDH indica que de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el pasado 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos.
Durante el periodo que abarca el informe —del 1 de abril al 31 de julio—, el Ministerio Público inició investigaciones sobre mil 958 casos de lesiones registrados en las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego.
“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”, declaró Zeid Ra’ad Hussein, encargado del organismo.
Según cálculos de las ONG locales, a partir del 1 de abril más de cinco mil personas fueron detenidas, de las que más de mil permanecían todavía encarceladas el 31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados en el contexto de las manifestaciones tuvieron que comparecer ante tribunales militares. En el informe se recomienda al gobierno que cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según adelantó la ONU.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligadas a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del consejo.
“El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de DH presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos”, insistió el Alto Comisionado.
Tribunal chavista alista condenas
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, se puso a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para trabajar en conjunto e iniciar una investigación y sancionar a dirigentes políticos por “traición a la patria“.
El magistrado indicó que el TSJ está esperando que la ANC formalice la solicitud para actuar. “Quienes pregonan sentir al país y sufrir por la patria, son los mismos que llevaron a decenas de jóvenes a morir en las calles, y ahora piden al mundo agresiones económicas para seguir haciendo sufrir al pueblo sin importar sus consecuencias”, indicó.
Estados Unidos condenó ayer la decisión. “Estados Unidos condena la llamada de la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela a juicios de la oposición política, incluyendo miembros de la asamblea legislativa elegida democráticamente, con cargos de traición y de estar involucrados en la crisis económica” del país, señaló la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.
La ANC fue convocada por el presidente Nicolás Maduro sin consultar previamente a los venezolanos, como lo señala la Carta Magna vigente.