La obligación de que plataformas digitales entreguen información en tiempo real al Sistema de Administración Tributaria (SAT) es poco seguro e introduce vulnerabilidades críticas para la protección de datos de los clientes, afirmó la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Gabriela Gutiérrez.
Comentó que la obligación de interconexión permanente entre sistemas gubernamentales y privados introduce vulnerabilidades críticas, especialmente porque México ha enfrentado incidentes graves de ciberseguridad en el SAT y el IMSS.
“Repetir estos errores en un entorno de acceso en tiempo real amplifica el riesgo exponencialmente, comprometiendo la integridad de plataformas y datos sensibles de millones de usuarios”, señaló en conferencia de prensa.

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- 3.0% de impuesto aplica Francia en ingresos digitales
Además, mencionó que la propuesta carece de salvaguardas judiciales y mecanismos de control que garanticen proporcionalidad y legalidad.
“El acceso irrestricto a sistemas privados sin orden judicial contraviene principios constitucionales y estándares internacionales. Ninguna economía avanzada permite acceso permanente a sistemas privados sin control judicial”, añadió.
Frente a las economías de otros países, indicó que han enfrentado el reto de fiscalizar la economía digital sin comprometer la innovación ni vulnerar derechos.
“Francia aplica un impuesto del 3.0 por ciento sobre ingresos digitales, complementado con auditorías. Estados Unidos exige órdenes judiciales para acceder a datos privados. México, en contraste, propone medidas invasivas que generan incertidumbre regulatoria y erosionan la confianza del mercado”, lamentó.
Esta nueva disposición fue aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, se trató de una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), que incluye el artículo 30-B y nuevas retenciones fiscales sobre ingresos brutos en plataformas digitales.
El IMEF aseguró que si bien el objetivo de fortalecer la recaudación es legítimo, el diseño actual de la iniciativa genera preocupaciones técnicas, económicas y jurídicas que deben ser atendidas con urgencia.
Ante esta situación, recomendó establecer una mesa técnica interinstitucional con el SAT, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), la Asociación de Internet MX (AIMX), así como representantes del sector privado.
“Incorporar una evaluación de impacto económico, protocolos de ciberseguridad y mecanismosproporcionales alineados con estándares internacionales”, comentó el instituto.
Sugirió diseñar esquemas por tamaño empresarial, evitando cargas desproporcionadas para startups y Pymes.


