Acuerdo del Cenace atenta contra la inversión privada, acusa CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseveró que el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), respecto a energías renovables, impide “arbitrariamente” y desplaza a la iniciativa privada en la entrada en operación de nuevas plantas de energía limpia, por lo que el sector privado tomará las medidas legales conducentes para defender la competencia con piso parejo.

El organismo empresarial precisó que el acuerdo firmado por Alfonso Morcos y Gustavo Villa, director general, y director de operación y planeación del sistema del Cenace, respectivamente, erige barreras a la competencia, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes.

“Sin motivación técnica sólida ni fundamento jurídico plenamente justificado, el Cenace ha desatendido su mandato legal de salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en el sector comercial e industrial”, lamentó el CCE, que dirige Carlos Salazar Lomelín.

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El pasado 29 de abril, se dio a conocer que el Cenace estableció un acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el COVID-19; el cual establece que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la eficiencia del sistema eléctrico, por lo que las plantas fósiles tendrán prioridad para despachar energía.

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Ante ello, el CCE subrayó que este nuevo acuerdo retoma la ruta de captura regulatoria prevista en el pliego petitorio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en agosto de 2019.

“Las primeras medidas de dicho documento fueron instrumentadas por la Secretaría de Energía en contra del mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CELs) y suspendidas por una serie de jueces federales que identificaron en ellas daños irreversibles tanto al medio ambiente como a los derechos de privados”.

A su vez, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) manifestó que el Centro Nacional de Control de Energía atenta contra la salud, la competencia y la seguridad a la inversión, pues miles de consumidores industriales y comerciales están obligados a comprar electricidad de mayor costo a CFE.

El organismo empresarial, que dirige Francisco Cervantes Díaz, indicó que funcionarios de Cenace van en contra de la promesa presidencial de no establecer nuevas disposiciones administrativas que limiten la competencia. “La generación eléctrica es una actividad económica esencial. La contingencia actual requiere colaboración y solidaridad, no regulaciones anticompetitivas y abusos de autoridad”, dijo.

Por último, el CCE destacó que la generación de electricidad con energías renovables, que representa inversiones por más de 20 mil millones de dólares en México, es una actividad económica esencial para el desarrollo del país, por lo que hizo un llamado para que las autoridades promuevan la unión y la solidaridad nacional ante la emergencia sanitaria por COVID-19, así como a eliminar prácticas anticompetitivas que atente el marco jurídico nacional.