¿Cuál es el proyecto que planteó la IP al Presidente?

Después de que se diera a conocer el plan para apoyar la actividad económica, una fracción importante de la iniciativa privada quedó decepcionada ante el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo planteado por el mandatario distó mucho de la propuesta realizada días antes.

El pasado 2 de abril, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, acompañado por los presidentes de la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Luis Niño de Rivera, Antonio del Valle y Francisco Cervantes Díaz, presentaron a López Obrador las Medidas para enfrentar la contingencia económica Covid-19.

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En una reunión que se extendió por poco más de cuatro horas, los líderes empresariales plantearon las necesidades de los sectores productivos del país, las cuales no eran desconocidas, pues desde el pasado 18 de marzo, ya se había planteado una propuesta al Gobierno federal. Estas son algunas de esas directrices.

El objetivo principal es proteger el empleo, los salarios y los ingresos familiares, para lo cual se planteó la necesidad de diseñar un programa de 90 días, con medidas diferenciadas por mes y por circunstancias, y posteriormente convertir el convenio Gobierno-IP-trabajadores y sector social en un Consejo Económico Permanente.

[caption id="attachment_1135388" align="alignnone" width="696"] Foto: Especial.[/caption]

Para abril la iniciativa privada pidió:

• Un programa generalizado de vacaciones pagadas, en los sectores no esenciales, para asegurar el aislamiento, u otras acciones que puedan ser acordadas entre las empresas y los trabajadores (opcional).

• En los sectores críticos como lo son la aviación, hotelería, restaurantes, entre otro, solicitó diferir el pago del ciento por ciento de las contribuciones a la seguridad social, sin condonación.

• Establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con enfoque particular a Mipymes, con problemas de liquidez, para conservar empleos y sufragar la nómina.

Para éste punto, señalan, se buscaría operar con tasas de interés blandas, de acuerdo con los mecanismos utilizados por la banca de desarrollo.

Para mayo y junio:

• Apoyo a todas aquellas empresas que acepten el convenio de sostener empleo y salarios para el 100% por 60 días.

• Utilizar el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez.

• Diferir (sin condonación) las contribuciones a la seguridad social por 60 días.

• Diferimiento de pagos de impuestos de las empresas hasta 90 días sin cargo de intereses. Suspensión temporal de pagos provisionales del ISR (propio y retenido por sueldos).

• Contribuciones diferidas a doce pagos en 2021.

• Incentivos por pronto pago.

Para el sector primario, solicitaron la deducción en la adquisición de terrenos que tengan como único fin la vocación agrícola o ganadero.

• Regreso a labores de personas infectadas y recuperadas y analizar la posibilidad para grupos de bajo riesgo sanitario.

• Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Compensación universal para todo el año.

• Empresas grandes comprometidas a disminuir los tiempos de pago a proveedores Mipymes.

Para el sector informal, el CCE también planteó que en los próximos tres meses se pudieran otorgar créditos a la palabra por 25 mil pesos. Lo que significaría 75 mil millones de pesos para cubrir hasta 3 millones de personas bajo el aplazamiento actual del programa. Esta propuesta trae consigo una doble finalidad, pues se buscaría que como requisito los beneficiarios se formalizaran.

Asimismo, el sector empresarial aconsejó al Gobierno federal utilizar la caja actual del sector público y cambiar concepto de deuda neta por deuda bruta, con la finalidad de liberar 425 mil millones de pesos. Además de utilizar el fondos de estabilización por un total de 243 mil millones de pesos.

Aunado a lo anterior, pidieron un incremento temporal del nivel de endeudamiento hasta en 4.0 por ciento del PIB, esto con la finalidad de sufragar el gasto en salud; compensar caídas en ingreso y sentar las bases para la reactivación de la economía.

Para esto último, el Consejo Coordinador Empresarial propone un programa de Infraestructura con fondos públicos y privados, además de usar el remanente del crédito para asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura.

La definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética. Preparar un agresivo programa de exportaciones a EU. sustituyendo importaciones chinas hacia ese país y depreciación acelerada para premiar nuevas inversiones.

[caption id="attachment_1135386" align="alignnone" width="696"] Foto: Especial.[/caption]

JVR