Henry Comte apoya a comunidades indígenas en caso Minera San Rafael

Henry Comte es un abogado, empresario, magistrado guatemalteco, uno de los socios fundadores y director de la firma de abogados Legalsa, también conocida como Comte & Font desde el año 2000. Desde entonces, la firma se ha especializado en las áreas de resolución de conflictos, derecho bancario, financiero, de propiedad intelectual e inmobiliario.

Gracias a los recursos naturales de México además de su vecindad con los Estados Unidos, hacen que el país sea atractivo y de alta rentabilidad para inversiones nacionales e internacionales.

Al sur de México, en la frontera con Guatemala, se suscitó una controversia con la Minera San Rafael, ubicada en San Rafael, Las Flores, a 70 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Esta minera conformada en su mayoría de capital canadiense, funcionaba con normalidad hasta que el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) por medio de un amparo interrumpió su operación argumentando que no se había consultado al pueblo Xinka, residentes de aquella comunidad.

El caso de la minera fue escalado y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, haciendo válido el amparo interpuesto por CALAS. Dicho amparo no solo detuvo la operación de la minera sino que dictaminó realizar los estudios de impacto ambiental y social así como de salud en la región.

Durante el desarrollo de este caso, el magistrado Henry Comte Velásquez, votó a favor de que se realizarán los estudios de impacto correspondientes, así como otorgar derechos y delegar responsabilidades que les correspondan a los miembros involucrados, comunidades indígenas, al Estado y por supuesto a las empresas.

El criterio que el magistrado Comte Velásquez utilizó al emitir su voto le da certeza al pueblo guatemalteco de que el poder judicial en aquel país ejecuta las leyes con conciencia social y jurídica.

El magistrado Comte defiende su voto emitido en mayo de este 2020 explicando cómo es la estructura que adoptan los fideicomisos públicos guatemaltecos, no solamente refiriéndose al uso de fondos públicos, sino también en la redacción del contrato por parte de los estados, las licitaciones y el criterio final para determinar la adjudicación.

JVR