Niega SHCP amenazas a contribuyentes  para corregir situación fiscal

En respuesta a carta de la Barra Americana de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó se esté restringiendo los derechos de los contribuyentes o que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) esté amenazándolos con iniciar investigaciones penales para que corrijan su mala conducta tributaria.

“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal”, sostuvo la SHCP respecto a la carta que la ABA dirigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de octubre pasado.

La dependencia federal precisó que reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. “No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho”.

No obstante, sostuvo que “es falsa y sin sustento alguno” la aseveración de la ABA respecto a que la Procuraduría Fiscal de la Federación está 'iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas físicas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria aparentemente cometida'”.

Expuso que la PFF ha iniciado investigaciones penales porque es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, y así lo seguirá haciendo, en cumplimiento de la Constitución y otras disposiciones legales en la materia.

“La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez”, subraya en una nota informativa en respuesta a la carta de la Barra Americana de Abogados.

Si algún contribuyente —imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal— propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la PFF valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos, agregó.

Señaló que las propuestas de autocorrección para celebrar este tipo de acuerdos se presentan a iniciativa del propio contribuyente. Si la Procuraduría Fiscal rechaza la solicitud, el proceso penal continuará conforme a todas las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Incluso, mencionó, con las reformas legales que entraron en vigor recientemente, la Procuraduría realizará acusaciones penales en contra de empresas o entidades jurídicas cuando se hayan cometido delitos fiscales por su cuenta, a su nombre, en su beneficio o con los medios que éstas provean.

Asimismo, realizará acusaciones penales por delincuencia organizada, cuando se trate de un grupo de tres o más personas que tienen como propósito cometer delitos fiscales de manera permanente o reiterada, anotó.

La Secretaría de Hacienda abundó que si la autoridad identifica conductas de abogados o asesores fiscales que tienen como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, también ellos serán imputados penalmente, dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal.

“Por lo tanto, cuando no lo sea, dichas conductas serán sancionadas, no sólo en interés del sistema tributario federal, sino del gremio de abogados en general”, afirmó.

La dependencia federal destacó que una de las grandes prioridades del Gobierno mexicano y de su ciudadanía es perseguir penalmente las conductas criminales.

“Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales, pero cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México”, aclaró.