Cambios regulatorios y "débil" respuesta fiscal de México ante el COVID provocan dudas en la inversión: EU
Departamento de Estado resalta preocupación en el sector energético privado; "corrupción, inseguridad e informalidad obstaculizan el crecimiento", advierte
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que los cambios regulatorios en México, así como una delicada salud financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de una respuesta fiscal “débil” percibida a la crisis económica del COVID-19 han contribuido a la incertidumbre de los inversionistas hacia nuestro país.
A través del texto “Declaraciones sobre el clima de inversión 2020: México”, recordó que en el primer trimestre de 2020, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody's y Standard and Poor's) bajaron la calificación soberana de México, así como la de Pemex.
“La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción también continúan obstaculizando el crecimiento económico mexicano. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”, sostuvo.
Destacó que los inversionistas están preocupados de que la administración de Andrés Manuel López Obrador esté socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Respecto a la corrupción, el Departamento de Estado precisó que los representantes comerciales, incluso de empresas estadounidenses, creen que los fondos públicos a menudo se desvían a empresas privadas y a personas físicas debido a esta práctica y perciben que el favoritismo está generalizado entre los funcionarios de contratación pública de México.
“La Embajada de los Estados Unidos se ha comprometido en un esfuerzo de base amplia para trabajar con agencias mexicanas y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de mecanismos para combatir la corrupción y aumentar la transparencia y el juego limpio en la contratación pública”, concluyó.
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