Tasan costo de Reforma Eléctrica en 60 mil mdd

La discusión sobre las implicaciones que traería al país la aprobación de la Reforma Eléctrica que se formuló desde el Poder Ejecutivo continúa alertando riesgos, pues expertos previeron indemnizaciones por 60 mil millones de dólares a las empresas afectadas, así como demandas de socios comerciales en los próximos 18 meses. 

Manuel Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía en Diputados señaló que la propuesta en sí misma representa un gran riesgo para la seguridad energética, porque no se podría garantizar el suministro de la energía para toda la población, caso contrario a si se permitiera la participación de la iniciativa privada. 

“El estimado de lo que pudiera costar en demandas por las cancelaciones son 60 mil millones de dólares en indemnizaciones, lo que representa un gran riesgo y un mensaje de seguridad jurídica”, sostuvo el emecista. Pero incluso este monto podría ser mayor, ya que la International Chamber of Commerce México (ICC México) consideró que pueden ser hasta 20 veces el monto comprometido actual de los empresarios, de 44 mil millones de dólares. 

La Coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, argumentó que la propuesta además tiene peligros jurídicos importantes, dado que hay un mandato triple para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica. 

“Actuaría como órgano regulador, lo cual ahora no lo es y asumiría la responsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas de la transición energética y política industrial. Probablemente los usuarios del servicio básico tendrán más quejas por el impacto económico que tendrá el subsidio eléctrico”, agregó. 

Sobre los peligros jurídicos también se pronunció Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, al aseverar que en el próximo año y medio México podría enfrentar las primeras consecuencias de implementar la reforma eléctrica, pues los tratados internacionales permiten iniciar procesos de consultas ante agravios, aun cuando la propuesta no esté avalada. 

Indicó que la reforma implicaría cerrar el mercado energético en el cual los privados ya están participando, por lo que esta violación traerá consecuencias con socios comerciales.

“El resultado práctico de lo que esta reforma estaría proponiendo es dañar las inversiones, cancelar las que ya había y disminuir el valor de las empresas. Si hay un país que considere que vale la pena llevar a México a un proceso de solución de controversias, la verdad es que ya lo podría hacer, porque los tratados consideran que no es necesario que la medida entre en vigor para que se pueda iniciar un proceso de consultas, se puede hacer con anticipación”, señaló.

Previo a la discusión de la reforma eléctrica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación respecto a que el Poder Legislativo se pueda convertir en un órgano en el que no cabe el debate sobre las propuestas del Ejecutivo federal, ya que durante la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 no se tomaron en cuenta opiniones de otros sectores ni hubo objeciones por parte de los integrantes del Senado de la República.