UIF y SAT presentan ocho denuncias contra el “rey del outsourcing”

“Respecto al señor Beyruti, lo único que se puede comentar es que hemos presentado ocho denuncias, de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en empresas que desarrollaban prácticas de outsourcing ilegal”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, durante la presentación de la Guía de Prevención y Detección de Operaciones de Trata de Personas, junto con la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

El 23 de febrero pasado circuló la versión de que la Fiscalía General de la República (FGR) va contra Raúl Beyruti por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo cual fue confirmado al día siguiente por el titular de la UIF.

La FGR logró que un juez federal girara una orden de aprehensión en contra del empresario poblano Raúl Beyruti Sánchez, el Rey del outsourcing, acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y evasión fiscal.

Las investigaciones realizadas tanto por la FGR como por la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación identificaron que las empresas de Beyruti Sánchez incumplieron con los pagos de cuotas obrero-patronales al IMSS, omitieron el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por los sueldos que pagaron a sus empleados y reinvirtieron ganancias en otros negocios.

El monto que suman estos delitos supera los 30 mil millones de pesos y, aunque no son considerados graves, fuentes de la FGR confirmaron que el Ministerio Público solicitará que se le aplique la prisión preventiva oficiosa, pues cuenta con recursos económicos suficientes para evadir la justicia.

Las autoridades confirmaron que se identificaron movimientos irregulares en la compañía de outsourcing Distribuidores y Representante del Sur, propiedad de Beyruti Sánchez, que controlan la contratación de 90 por ciento de los empleados de grandes compañías, alrededor de 200 mil trabajadores, los cuales son contratados con bajos niveles salariales o incluso se les obliga a renunciar a sus prestaciones sociales.