• Tamaño de fuente: A  A  A  A  
Nicaragüenses mantienen protestas, ayer. Foto: AP
Nicaragüenses mantienen protestas, ayer. Foto: AP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó el jueves en un comunicado que, al cumplir cinco semanas de trabajo en la nación centroamericana, su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) verificó la persecución y criminalización por parte del Estado de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta.

El organismo, que contabilizó hasta el 30 de julio 317 muertos, incluidos 23 menores y 21 policías, durante las protestas que sacuden a Nicaragua desde abril, condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua “a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”, expresó la relatora de la CIDH para ese país, la comisionada chilena Antonia Urrejola. “El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, detalló.

El MESENI afirmó que tras el levantamiento de barricadas mediante el uso de la fuerza entre el 19 y 30 de julio, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias y violentas a manos de encapuchados armados.

Agregó que, según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento del arresto ni de los cargos que se les imputan no se exhiben órdenes judiciales ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevadas.

La Comisión emitió su pronunciamiento horas antes de que la Organización de los Estados Americanos celebre una sesión extraordinaria para evaluar la creación de una Comisión Especial para Nicaragua para propiciar el diálogo nacional.

Dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren manifestaciones y protestas, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función”

CIDH

En un informe

La propuesta de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú busca integrar tal comisión antes del 10 de agosto por un representante de cada uno de los grupos regionales que operan en la OEA: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Caribeña (CARICOM, por sus siglas en inglés).

La presidenta temporal del Consejo Permanente, la costarricense Rita Hernández, anunció que había negociaciones en curso y por lo tanto aplazó cuatro horas el inicio de la sesión extraordinaria hasta las 18:30 GMT.

El aplazamiento provocó una airada protesta del embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders, quien se puso de pie en el hemiciclo y le reclamó a Hernández que la decisión no respetaba a las delegaciones y que él tenía previsto viajar la tarde de ayer.

  • El Dato: El informe destaca que los manifestantes reportaron que sufrieron malos tratos antes de ser entregados a delegaciones de la Policía Nacional o en Auxilio Judicial.
Compartir