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Maduro formaliza su registro como candidato, el 27 de febrero. Foto: AP

La falta de garantías en las elecciones de Venezuela no son novedad. Pero esta vez la denuncia no viene del lado de la oposición, sino de la Organización de Naciones Unidas; la misma institución a la que el régimen le ha pedido su participación como observador internacional para revestir de legitimidad los comicios presidenciales programados para el próximo 20 de mayo.

Ayer, el alto comisionado para los Derechos Humanos de este organismo, Zeid Ra’ad Al Hussein, aseguró que la situación política y social en Venezuela no reúne “las mínimas condiciones” para poder celebrar elecciones presidenciales. Durante la presentación de su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el diplomático ahondó en un apartado dedicado denunciar la crítica situación política, social y humanitaria en Venezuela.

El máximo responsable de derechos humanos de la ONU recordó que los dos partidos de la oposición fueron descalificados por el Consejo Nacional Electoral y que la “coalición opositora oficial” fue invalidada por la Corte Suprema.

“La libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea pacífica están siendo reprimidas y severamente restringidas. Mi oficina ha recibido informes creíbles de cientos de asesinatos extrajudiciales en años recientes, durante las protestas y en las operaciones de seguridad”, denunció Zeid.

“Estoy seriamente preocupado porque en este contexto no se cumplen de ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles”, sentenció.

El gobierno de Nicolás Maduro convocó a elecciones para el próximo 20 de mayo, unos comicios boicoteados por la oposición y cuestionados por organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), por no contar con los requisitos mínimos.

Gráfico: Especial

En busca de la legitimidad internacional de la que carecen los sufragios, la dictadura venezolana envió, el pasado 20 de febrero, una invitación a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para conformar una comisión de acompañamiento y observación para las elecciones presidenciales.

Por otra parte, Zeid denunció que “el principio de separación de poderes está severamente comprometido, dado que la Asamblea Nacional Constituyente continúa concentrando poderes sin restricciones”.

Erosión de las instituciones. En relación a las protestas gubernamentales del año pasado, que se saldaron con decenas de muertos y heridos y miles de detenidos, el alto comisionado dijo estar “profundamente alarmado por la posibilidad que se hayan cometido crímenes contra la humanidad y por la erosión de las instituciones democráticas”.

Respecto a la crisis humanitaria que sufre el país a causa de la falta de alimentos y medicamentos, el alto funcionario dijo estar “profundamente alarmado” y denunció la forma en que el gobierno reparte su asistencia.

“La malnutrición se ha incrementado dramáticamente a través del país y afecta en particular a niños y a ancianos; e informes creíbles indican que los programas de asistencia gubernamental están a menudo condicionados por consideraciones políticas”.

Asimismo, expresó su alarma por el creciente éxodo de venezolanos hacia los países limítrofes, “mucho de los cuales buscan comida y acceso a los servicios básicos”.

Finalmente, Zeid volvió a solicitar que se investiguen las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela.

“Una vez más, urjo al Consejo (de Derechos Humanos) a considerar enviar una comisión de investigación para pesquisar sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.

El régimen replica. Venezuela repudió ayer las “infundadas e irresponsables” afirmaciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en las que se declaró “profundamente alarmado por la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad” en el país caribeño.

“Venezuela repudia las infundadas e irresponsables afirmaciones realizadas por Zeid (…), en relación con la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el país”, informó la cancillería venezolana en un comunicado en su página web.

Para el despacho de Exteriores de Venezuela “una vez más” el alto comisionado “vulnera flagrantemente las normas y principios que deben regir su actuación” al, agregó, “fijar posición sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de una manera selectiva, subjetiva y altamente politizada y parcializada”.

El gobierno chavista reiteró “su compromiso ineludible con los derechos humanos” que se establecen en su Constitución y “los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados” por su administración “así como su compromiso de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos del sistema de Naciones Unidas”.

Congreso investiga a gobernador chavista

Marcos Bozo, diputado de la Asamblea Nacional (AN) por Primero Justicia, solicitó que se investigue a Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, por estar involucrado en un supuesto desvío de fondos por “servicios de intermediación” en el 2009 para construir una nueva refinería petrolera y realizarle mantenimiento a la planta El Palito.

El diputado precisó que Lacava, cuando era alcalde de Puerto Cabello, cobró y ocultó “honorarios” en Andorra que sirvió como puente para mover el dinero a Suiza, según actas de la Banca Privada d’Andorra reveladas por el diario El País de España.

“La comisión de Contraloría de la AN se encargará de llegar al fondo de este desfalco, que forma parte de la corrupción que se destapó en 2015 y que implica a funcionarios chavistas de PDVSA como el exministro Rafael Ramírez”, dijo Bozo.

El diputado explicó que Lacava utilizó cuatro empresas constituidas en el 2007, de las cuales tres tienen la misma junta directiva y aparecen en los informes revelados del caso Panamá Papers, para ocultar el desvío.

“La supuesta empresa que pagó por la intermediación de Lacava está radicada en Carabobo, todos deben ser investigados”, expresó el parlamentario.