Transcurrido el primer mes de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, prevalecen, y endurecen, los enfrentamientos de ella y los líderes de las bancadas de Morena con ministros de la Corte, dirigentes, legisladores de oposición y trabajadores del Poder Judicial por la reforma a éste, a lo que ahora se sumó una discrepancia entre ella y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, originada por la propuesta del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de que esa Cámara no acepte las renuncias de ocho de los 11 ministros del alto tribunal.
El ministro que ha propuesto invalidar parcialmente la reforma judicial, negó rotundamente la declaración de la Jefa del Ejecutivo de que la renuncia de él y sus colegas sea para salvaguardar privilegios y que “si considera que las cantidades que se nos aportarían, sería lo que estamos defendiendo, está equivocada”, al recordar que Arturo Zaldívar, actual Coordinador de Política y Gobierno, “se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años” y —aunque no lo mencionó— la senadora Olga Sánchez Cordero, debe andar en las mismas.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Al sumar su renuncia a las de sus compañeros, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, precisó que eso no implica que esté de acuerdo con dejar el cargo, ya que su decisión es “un acto de congruencia y respeto a la Constitución”, que pone fin a una carrera judicial de 36 años, dado que no participará en las elecciones judiciales del año próximo.
Otros ministros que formalizaron sus renuncias, recibidas ayer en el Senado, y tampoco participarán en ese proceso, fueron Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Margartia Ríos-Farjat, esta última, al igual que González Alcántara, propuestos por AMLO, quien dijera que “le fallaron” por no doblegársele. Permanecerán en la Corte, con pretensión de presidirla, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.
En una blindada Cámara de Diputados, la supermayoría oficialista aprobó a toda prisa su “supremacía constitucional”, para que las reformas a la Carta Magna sean inimpugnables, cuyas consecuencias ya se advierten y seguramente empeorarán conforme avance el sexenio.
Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, en el gobierno peñista, logró por fin que la Suprema Corte confirmara su sentencia absolutoria de libertad, tras haber sido acusada, y encarcelada tres años, hasta su posterior excarcelación, por presuntos desvíos por cinco mil millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra, lo que, aseguró siempre, fue una venganza de AMLO.
Dos periodistas más, asesinados en Uruapan y Colima.