Como tantas certezas heredadas de las transiciones democráticas de fines del siglo XX, la de la importancia de una sociedad civil autónoma en México o en América Latina comienza a dar señales de agotamiento. Pasa con aquella idea como con la del libre comercio o la de los gobiernos divididos, que de pronto se ven confrontadas por nuevas hegemonías políticas y un contexto internacional favorable.
La desaparición de siete organismos autónomos en México (Inai, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval), por una decisión legislativa de la mayoría gobernante en el país, puede interpretarse como una señal más de la crisis de aquellas certezas de fines del siglo XX. Se pensaba entonces que en un país sometido por tan largo tiempo al poder inacotado de un mismo partido oficial, el PRI, y un presidencialismo sin contrapesos, era necesaria la creación de instancias intermedias de la sociedad civil.
La idea del fortalecimiento de la sociedad civil para acompañar las transiciones democráticas se reprodujo por todos lados, a fines del siglo XX. Se argumentó su importancia en los procesos de cambo democrático en España, Portugal y Grecia, en los países del Cono Sur y en los que dejaban atrás los socialismos reales de Europa del Este.
Sí fue y también brindó
Entonces se escribieron algunos ensayos que recorrieron las ciencias sociales latinoamericanas como los de Anthony Giddens, Jean L. Cohen y Andrew Arato y se describieron sus ventajas concretas para el México de la alternancia política, a partir del año 2000, en textos de Alberto Olvera, Rubén Aguilar y Fernanda Samuano, entre otros. Todo el impacto nacional e internacional del levantamiento del EZLN en Chiapas, a partir de 1994, se dio acompañado de una insistencia en la sociedad civil como espacio de articulación de sectores sociales que demandaban inclusión y autonomía.
Desde el nuevo discurso oficial se sostiene que, aunque cumpliesen su función histórica durante el periodo de la alternancia, aquellos organismos autónomos se han vuelto onerosos, poco transparentes y eventualmente propiciadores de corrupción. En su empaque más doctrinario, ese discurso llega a proponer que dado que la democracia está consolidada en México ya no es necesaria una sociedad civil autónoma y organizada.
El proyecto de desaparición de los organismos autónomos tiene a su favor la nueva hegemonía política de Morena y la 4T, pero también un contexto internacional que considera rebasadas las demandas de las transiciones democráticas. Por la izquierda o la derecha, toda aquella narrativa de la apertura de la esfera pública y la vertebración de la sociedad civil se ve cuestionada por poderes que descreen de las ideas y los énfasis habermasianos.
Pero hay en el discurso oficial, que justifica la desaparición de organismos autónomos, un giro más sorprendente aún. Como con la reforma del poder judicial, la estrategia mediática del Gobierno no recurre al ejemplo del estado plurinacional de Bolivia sino al de Estados Unidos, país donde no existe ese tipo de organismos autónomos, aunque sí una sociedad civil autónomamente organizada y movilizada, que llamó la atención de Alexis de Tocqueville desde el siglo XIX.
Se nos dice, desde el Gobierno, que la eliminación de los organismos autónomos hará más parecido el sistema político mexicano al de Estados Unidos, “de cuya carencia de democracia nadie duda”. No sólo es extraño ese discurso en voz de cualquier izquierda en el poder sino, específicamente, de una que dice provenir de los movimientos sociales contra el neoliberalismo de fines del siglo XX.
No hace mucho, los mismos que hoy aseguran que la sociedad civil es un estorbo para la integración a Estados Unidos, sostenían que sin la mediación de una sociedad civil autónoma México avanzaría hacia una partidocracia o régimen oligárquico muy parecido al del vecino del norte. Lo que entonces era un defecto, ahora es una extraña virtud.
