Prohibir siempre será más sencillo que regular: implica menores costos —ojo, sólo inicialmente–, no requiere demasiado análisis –pareciera que no es necesario entender lo que se prohíbe—, toma menos tiempo —aparentemente de un plumazo se acaba con el problema— y, además, resulta más electorero —oro puro para la clase política habitual—.
Para muestra, un botón: la mayoría legislativa en San Lázaro —fiel en su incontenible ímpetu reformador mayoritero— aprobó elevar a rango constitucional la prohibición de la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. El dictamen fue turnado al Senado —que hizo lo propio— y, ahora, se espera la aprobación de dos terceras partes de las legislaturas locales para su eventual promulgación en el Diario Oficial.
En el papel, la medida podría parecer un manotazo firme de la administración entrante en favor de la protección a la salud, pero nada más alejado de la realidad. El efecto usual de prohibir —en vez de regular— es la consecuente creación de mercados negros de venta y consumo, que usualmente pasan al control del crimen organizado como una nueva actividad ilícita altamente redituable, aunado al consecuente aumento exponencial de precio para consumidores, y la imposibilidad para las autoridades sanitarias de tener injerencia sobre la calidad y procedencia de lo que se comercia.
La certeza de la ignorancia
Con el tiempo, el escenario empeora. El consumidor absorbe todos los costos de productos de mala calidad, altos precios y consecuencias de salud que, a su vez, traslada a nuestras precarias instituciones sanitarias, ya como un problema de salud pública. El Estado, por su parte, tiene que destinar enormes recursos económicos y materiales para perseguir la actividad ilícita y disuadir su uso, sin posibilidad de contrarrestar el gasto para este fin por medio un gravamen sobre el uso de estos productos —lo cual sería posible si estuvieran regulados, en vez de prohibidos—. Y, mientras tanto, el crimen organizado recibe y capitaliza todas las ganancias económicas de la comercialización ilícita, con el inherente aumento en violencia y de actos delictivos.
En cuanto a la medida, llama mucho la atención que se haya preferido esta vía, en vez de hacerlo por medio de una norma oficial o de una restricción sanitaria, como las que cotidianamente emite Cofepris en rubros similares. Y no sólo eso, pues la nueva legislación también incluye la prohibición del uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas, como si se tratara de productos o sustancias del mismo tipo, y como si las consecuencias derivadas de su uso y consumo, y las acciones para erradicarlas o controlarlas, fueran equiparables. Así la estrechez de miras legislativa.
En cuanto quede aprobada la adición constitucional, habrá que esperar la legislación secundaria, donde realmente se establecerá el punto fino de la prohibición, la forma en que se pretenden operar y materializar los efectos de la medida y las respectivas sanciones. Mientras tanto, estamos frente a la creación de —literalmente— un nuevo círculo vicioso.
