Al paso del tiempo empiezan a verse indicios de que muchas cosas importantes López Obrador las dejó pendientes y otras más pasaron por el terreno de las ocurrencias.
La Presidenta las está cargando sin poder dar un golpe de timón por la estrecha relación e identidad que tiene con el expresidente.
No es casual su expresión en el sentido de que dejaran en paz a López Obrador, porque más allá de una defensa genuina al expresidente, también va aflorando una crítica cada vez mayor a su gestión.

El caso de Los ya no tan Alegres
La Presidenta no va a romper con López Obrador, pero no le va a quedar de otra que distanciarse en algunos asuntos que está empezando a cargar y que traen consecuencias muy delicadas en su gobernabilidad. En el tema de seguridad es donde empiezan a surgir cada vez más diferencias. Por más que la Presidenta defienda la estrategia del sexenio anterior es evidente que ha venido cambiando la estrategia y está haciendo las cosas de manera diferente.
La carga de la herencia por momentos es muy pesada. Van varios asuntos en que, a pesar de que tenga planteamientos distintos, no ha tenido capacidad de maniobra para una redefinición. Cuando lo ha intentado han aparecido voces desde la mayoría que lo han impedido.
Hace algunos meses al referirse a la reforma del Poder Judicial abrió la posibilidad de que se discutiera de manera más amplia. Al día siguiente de inmediato reculó, y ahora, evidentemente es una defensora y promotora de la elección de los juzgadores. Como este asunto se han presentado otros en donde sus propuestas no necesariamente han trascendido.
Un caso importante tuvo que ver con la elección en la CNDH. La Presidenta tenía otra candidata y tenía elementos en la mano, en función de las evaluaciones que se hicieron a las y los candidatos, para que la persona que quería llegara al cargo.
Sin embargo, acabó siendo reelecta Rosario Piedra, porque todo indica era la candidata del expresidente López Obrador. A pesar de las muchas críticas sobre su gestión, se quedó al frente de la comisión “gracias” al gran peso de la mayoría que sin argumentos de peso que justificaran su decisión.
Este hecho es importante, porque a lo largo de estos meses la Comisión parece ser una instancia intrascendente, y lo peor es que está cumpliendo en los hechos funciones como órgano de Gobierno más que de Estado.
En un país en que sistemáticamente los derechos humanos son violados y puestos en tela de juicio, no podemos tener una Comisión que juegue un papel irrelevante o que esté de lado de todo lo que haga y diga el Gobierno.
Particularmente en el caso del rancho Izaguirre ha sido notorio cómo ha jugado un papel menor y ha llegado tarde. No está del lado de las víctimas y lo peor para la Comisión es que difícilmente es tomada en cuenta.
Los colectivos han adquirido una fuerza real por estar unidos, esta estrategia es lo que les ha dado un peso nacional e internacional.
La Comisión se suma a lo que el Gobierno, éste y el anterior con matices, ha hecho. Para López Obrador los colectivos eran sus adversarios, y cuando Claudia Sheinbaum se refiere a ellos dice que tienen diferencias. La Presidenta debería sentarse con los colectivos y no mandarlos a Gobernación, porque lo que quieren es sentir la solidaridad de quien gobierna, lo cual podría ser un círculo virtuoso, porque podría además acabar con los malos entendidos.
Para que el rancho Izaguirre no se convierta en una maraña y en un “talón de Aquiles” y que además se lo lleve la cotidianidad, la Presidenta tiene que recibir y hablar con las víctimas.
Hay que hacerlo antes de que la tragedia se sume a la impunidad, que a menudo, muy a menudo, prevalece entre nosotros.
RESQUICIOS.
Todo en el caso de Cuauhtémoc Blanco era previsible. Se veía venir que la Sección Instructora iba a impedir el desafuero y que las legisladoras de Morena se iban a inconformar, se ve venir la bronca; ¿para qué y quiénes protegen al Cuau?
